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OLATZ BARRIUSO
Lunes, 15 de octubre 2007, 11:02
SAN SEBASTIÁN. DV. El lehendakari Ibarretxe acudirá mañana al Palacio de la Moncloa con «la mano tendida» y con la intención de ofrecer a su interlocutor un acuerdo «a lo Downig Street» pero perfectamente consciente de estar abordando una misión imposible. En los últimos días se han despejado las pocas dudas que podían persistir sobre el futuro que le espera al acuerdo político propuesto por el jefe del Ejecutivo de Vitoria en su 'hoja de ruta', que José Luis Rodríguez Zapatero despachará con una negativa firme y razonada, pero a la vez «prudente, tranquila y responsable», según él mismo desveló hace algo más de una semana en el Congreso de los Diputados. Es de esperar, por lo tanto, que la entrevista no vaya más allá de la mera exposición de dos posiciones políticas imposibles de conciliar y sin opciones de confluir en ningún punto.
Pese a las muy desalentadoras señales que le han llegado desde Ferraz y desde la propia Presidencia del Gobierno desde que planteara su propuesta para dar salida al «conflicto vasco», Ibarretxe encara su cita con Zapatero con el pacto por bandera, en lugar de enarbolar la consulta que dice estar dispuesto a convocar el 25 de octubre de 2008, con o sin acuerdo previo. Desde su propio partido se ha insistido en esta idea: el más que probable próximo presidente del PNV, Iñigo Urkullu, dijo el jueves que vislumbra «espacio para el acuerdo». No obstante, desde el mismo momento en que Ibarretxe presentó su remozado plan en el Parlamento Vasco su entorno admitió que el Gobierno central trataría de frenarlo y ni mucho menos se avendría a pactar un compromiso de respeto al derecho de autodeterminación en un plazo tan exiguo -expira en junio del año que viene-, en la recta final de la legislatura y con la reanudación de la violencia de ETA como siniestro telón de fondo.
Obviando este contexto, Ibarretxe ha aprovechado las distintas tribunas que se le han brindado en la gira que acaba de finalizar por Argentina, Chile y Colombia para subrayar que la oferta que trasladará mañana al jefe del Ejecutivo del PSOE es «una especie de Downing Street a la vasca». No es la primera vez que el Gobierno Vasco se mira en el espejo irlandés para tratar de revestir de legitimidad a sus propuestas y cita, en concreto, la declaración firmada en 1993 en la que se establecía el principio de consentimiento del Reino Unido a la voluntad popular de los ciudadanos de Irlanda del Norte y que permitió poner las bases del proceso de paz. Ibarretxe pretendería, por lo tanto, con esta primera visita, arrancar de Zapatero un principio de compromiso de que el Estado respetará lo que los vascos decidan, un pacto que la Cámara de Vitoria debería ratificar en junio próximo y que sería finalmente refrendado por la sociedad vasca en una consulta vinculante que abriría las puertas a un nuevo referéndum «resolutivo» en 2010.
Sin mayorías
No obstante, Zapatero hará constar a su interlocutor la inviabilidad de este primer camino con argumentos más políticos que jurídicos y le recordará, principalmente, que para sostener su planteamiento debería contar, en primer lugar, con un amplio acuerdo político y social en Euskadi, del que actualmente carece. «Es de suponer que se le traslade que no tiene sentido negociar con una minoría», ilustran fuentes socialistas consultadas. En estos momentos, el lehendakari contaría en principio con el apoyo del tripartito y Aralar -33 escaños- frente al contundente rechazo de PSE y PP -otros 33- y la ambigua posición de la izquierda abertzale, lejos por lo tanto de aglutinar a una mayoría suficiente en torno a su proyecto.
Descartada la posibilidad de que el Gobierno central entre a negociar nada, el lehendakari recurriría a su 'plan B', que pasa por celebrar igualmente la consulta, en este caso para que la sociedad vasca envíe «un doble mandato»: a ETA para que abandone definitivamente las armas, y al Gobierno y a los partidos para que negocien, el primero sobre la «pacificación» y los segundos sobre la «normalización política». En este punto es donde es de esperar que cada uno de los interlocutores esgrima su batería de razonamientos jurídicos. Ibarretxe defenderá que nada hay de ilegal en que un lehendakari «pregunte a su pueblo para abrir un proceso de paz y de debate entre los partidos».
«Sin validez jurídica»
El jefe del Gobierno Vasco insistirá en que no es preciso recibir autorización alguna de las Cortes porque no es un referéndum lo que pretende convocar dentro de un año sino una «consulta democrática sin validez jurídica» que «incluso» los ayuntamientos están facultados para organizar. También citará los estatutos andaluz y catalán, que contienen la competencia de estas autonomías para recurrir a la vía plebiscitaria salvo en los casos que la Constitución reserva al Estado, y apelará a los derechos históricos del pueblo vasco, recogidos en la propia Carta Magna.
Zapatero defenderá de forma «clara y nítida» -así lo reiteró en un encuentro informal con periodistas el pasado Día de la Hispanidad- que la iniciativa excede los límites legales y constitucionales porque, según los medios consultados, una consulta como la que Ibarretxe plantea -que podría afectar al estatus territorial del país- siempre tendría carácter de referéndum y competería, por lo tanto, única y exclusivamente al Estado.
Eso sí, el presidente del Gobierno se extenderá en estos argumentos siempre en tono correcto y cordial y sin siquiera sugerir un hipotético empleo de medidas drásticas como las previstas en el artículo 155 de la Constitución, que incluye el «cumplimiento forzoso» de las obligaciones de las comunidades autónomas y que ya han agitado en público Alfonso Guerra o Juan Carlos Rodríguez Ibarra, entre otros. Dibujar un escenario de confrontación total similar al que se vivió en 2001, según creen los socialistas, podría alentar el «victimismo» del jefe del Ejecutivo vasco. Es un escenario que, sospechan, se les volvería en contra como un boomerang y favorecería la estrategia de Ibarretxe.
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