Educación desde casa

He leído con sorpresa la noticia de un nuevo caso de padres que desean seguir el sistema de educación en casa para sus hijos, prácticamente imputados como criminales. Parece que la crispación social tiene en la educación uno de sus exponentes más peligrosos. Cada cual quiere imponer su opción educativa integral, abominando de cualesquiera otras opciones. En España, y en todas las CC AA, la educación primaria y secundaria es obligatoria, y gratuita, en los niveles de Primaria y Secundaria. Es igualmente obligatorio para la Administración educativa, y para la judicial, respetar y favorecer el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias. Pero la escolarización formal, en los colegios que determine la Inspección Educativa o la Fiscalía, no puede ser obligatoria. Así lo han reconocido varios tribunales en Andalucía, Cataluña y también el País Vasco. Y por eso el Defensor del Pueblo ha planteado ya a los partidos políticos el reconocimiento -que no la regulación- de la educación en casa como opción normal dentro de nuestro sistema educativo. De hecho, la LOE y sus desarrollos autonómicos admite como normales tanto las adaptaciones curriculares como la escolarización no formal o a distancia, en supuestos muy variados. ¿Es que no caben entre ellos quienes optan por el sistema del homeschooling, reconocido no sólo en los sistemas anglosajones, sino también en casi todos los países europeos e hispanoamericanos? La citación a declarar como imputados penales a los padres Branson-Sánchez no se entiende. ¿Se trata de culparlos de abandono de sus obligaciones como padres? ¿O la Inspección y la Fiscalía han recibido instrucciones para que ningún niño escape del cada vez más doctrinario sistema educativo? La cuestión es que el deber y el derecho constitucional de los padres está por encima de las suspicacias y doctrinas de estos concretos representantes de la administración. Y no somos pocos quienes vamos a ayudarles a defender su libertad.