El Gobierno salva la Ley de Bienes Tangibles con más créditos blandos a los afectados

MADRID. El Gobierno parece haber logrado salvar a última hora la nueva ley que regulará las inversiones en bienes tangibles (sellos, obras de arte, antigüedades, árboles e incluso animales), donde se las juzga como una actividad mercantil y no financiera. Y ello pese a que la comisión de Sanidad y Consumo del Senado aprobó ayer el veto presentado por el PP al proyecto, que pasará ahora al Pleno para su ratificación (en principio, hoy). Sin embargo, los grupos nacionalistas tienen casi decidido variar allí su voto y apoyar al PSOE a cambio de una enmienda transaccional.

«La política tiene estas cosas», suelen decir los expertos, principio que valdría para explicar por qué la mayoría de los grupos nacionalistas -salvo la Entesa catalana- votaron a favor de la devolución del citado proyecto al Ejecutivo por estar disconformes con él, y apenas en 48 horas van a desdecirse de este respaldo. La clave radica en el acuerdo que se les ha ofrecido a última hora desde las filas socialistas, con el visto bueno del secretario de Estado de Economía, David Vegara, para que renuncien a su principal reivindicación en este caso: la creación de un fondo de compensación con carácter retroactivo para los afectados de Fórum Filatélico y Afinsa.

A cambio de retirar las enmiendas que buscaban dicho fondo (cuyo coste hubiera podido alcanzar los 900 millones de euros), decisión que CiU, PNV y BNG tienen «casi tomada» por una actitud «posibilista» («mejor lograr algo que perderlo todo», argumentaron), firmarán una modificación conjunta con el PSOE para incrementar la dotación de la línea de préstamos blandos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que el Consejo de Ministros aprobó a mediados de junio pasado. El acuerdo supone elevar su importe del 15% al 17,5% respecto a la inversión fallida reconocida a cada persona en vía civil dentro del procedimiento concursal (Fórum o Afinsa), y pasar así su máximo de 3.000 a 5.000 euros.

A su vez, «para aquellos colectivos en situación de especial dificultad económica», se prevé que los límites anteriores puedan ampliarse hasta el 40% de la cantidad reconocida, con un tope de hasta 12.000 euros por afectado. Para determinar ese nivel se valorarán una serie de factores, como su estado laboral (desempleado o jubilado) y físico (discapacidad), su patrimonio, que no se deba dinero a Hacienda y la Seguridad Social, y que sus ingresos brutos anuales no superen los 22.000 euros. Aquí el Gobierno exigía que se den todas las condiciones a la vez, lo que reduciría el número posibles beneficiarios y con ello el importe a pagar, mientras que los grupos nacionalistas reclaman que baste con una o dos.

En cualquier caso, CiU, PNV y BNG dan casi por seguro que esos «detalles técnicos» se resolverán, una vez que el PSOE ha renunciado a excluir del colectivo anterior a los afectados que hubieran trabajado para Fórum y Afinsa. El resto del acuerdo, que salvo sorpresa saldrá adelante en el Pleno del Senado, incluye la «obligación» del Gobierno de presentar un «plan de trabajo» con otras medidas «alternativas» para este caso, junto a un estudio (éste en un plazo de seis meses) que permita «la devolución máxima posible» de los ahorros perdidos, con actuaciones a ejecutar entre 2008 y 2011. COLPISA