El Tribunal Supremo abre la puerta a que se pueda archivar el caso Ibarretxe

SAN SEBASTIÁN. DV. La celebración del juicio oral contra Ibarretxe y los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares, por haberse reunido con dirigentes de Batasuna durante la tregua, podría estar en el aire después de la decisión adoptada ayer por el Tribunal Supremo en un proceso similar al del lehendakari. El Alto tribunal confirmó el archivo por parte de la Audiencia Nacional del caso de las cesiones de crédito -estaba acusado el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, entre otros- por considerar que en los procedimientos abreviados, que se incoan cuando los delitos están penados con menos de nueve años, «no se puede abrir juicio oral sólo a instancias de la acusación popular, sino que es necesario que lo inste bien el ministerio fiscal, bien el acusador particular.

Esta decisión judicial podría frenar en seco la apertura de la vista oral contra el lehendakari Ibarretxe, ya que, como sucedió en el procedimiento judicial contra Botín, en el caso Ibarretxe tampoco hubo acusaciones fiscal ni particular que exigieran la apertura del juicio oral. En este caso, también fue la acusación popular, ejercida por el Foro Ermua y por la asociación Dignidad y Justicia, la única que instó la apertura de la vista oral.

Esta circunstancia jurídica fue advertida en su día por la defensa de Ibarretxe, que ya planteó como cuestión previa al Tribunal Superior vasco que se aplicara la doctrina de la Audiencia Nacional en el caso Botín -antes de conocerse la última jurisprudencia del Supremo- y que se dejara sin efecto la apertura de juicio oral. Como en el procedimiento en el que fue encausado Botín, la Fiscalía también solicitó en el caso Ibarretxe el sobreseimiento de la causa judicial y, además, ningún posible perjudicado se personó como acusación particular.

El Gobierno Vasco consideró que la decisión del Supremo de confirmar el archivo del caso Botín es «acertada» y «confirma sus tesis», según señalaron fuentes de la Lehendakaritza. Para el Ejecutivo que lidera Ibarretxe, la resolución del Alto tribunal avala la tesis defendida por los abogados del lehendakari, que desde el primer momento pidieron al juez el archivo del caso basándose en la decisión de la Audiencia Nacional, confirmada ayer por el Supremo.

Con la ratificación de los postulados defendidos por el tripartito por parte del Tribunal Supremo, agregaron las mismas fuentes, «se demuestra lo que el Gobierno Vasco ha dicho en múltiples ocasiones, que la causa penal contra el lehendakari nunca debería haberse abierto y que es una causa fruto del impulso político de la Justicia».

El proceso contra Ibarretxe también está envuelto por la recusación generalizada contra los magistrados asignados para enjuiciar el caso en vista oral. Se da la circunstancia de que los tres jueces nombrados para el posible juicio contra Ibarretxe están recusados por las diferentes partes. El tripartito argumentaba «falta absoluta de imparcialidad y posición contraria al diálogo político» para justificar la recusación contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, y del juez ponente Antonio García.

En relación a la última resolución del Tribunal Supremo, Fernando García Capelo, abogado del Foro Ermua, asociación que ejerce la acusación popular en el caso contra Ibarretxe, consideró que el archivo del caso Botín supone un retroceso «brutal» en el control judicial de las acciones del poder político.

En similares términos se pronunció el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en el País Vasco, Luis Garrido, quien calificó de «sorprendente y criticable» la decisión del Supremo de ratificar el archivo del caso Botín porque «deja sin contenido» la actuación de la acusación popular.