Hacienda eleva a 8,1 millones de euros el presunto fraude de la oficina de Irun

san sebastián. DV. La aparición de 51 nuevos expedientes irregulares eleva a un total de 8.125.106 euros el presunto fraude cometido en la oficina de Hacienda de Irun entre los años 1989 y 2004. Según las investigaciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa, los responsables de la trama, cuyo principal imputado es José María Bravo, se habrían apropiado de aproximadamente 1.638.552 euros a través del cobro de supuestas deudas tributarias que luego no eran ingresadas en las arcas forales.

«Es un escándalo que genera alarma social y que no vamos a tolerar», confesaba ayer el diputado de Hacienda, Pello González, minutos después de aportar los datos de la investigación que lleva a cabo su departamento ante la Comisión de Hacienda de las Juntas Generales. «El departamento va hacer todo lo que esté en su mano para recuperar todo el dinero y castigar a los culpables», añadía tajante.

González ofreció ayer los resultados de la segunda fase de investigación de los expedientes que fueron dados de baja en Gipuzkoa por prescripción o insolvencia entre 1989 y 2000. Los primeros años coinciden con la época en la que José María Bravo se hizo cargo de la oficina tributaria de la localidad fronteriza.

Si la primera fase de la investigación de la Diputación centrada entre 2001 y 2004 detectó 37 expedientes irregulares que elevaban el presunto fraude a 7.553.137 euros, los 18 funcionarios del departamento que trabajan en la segunda fase -puesta en marcha en octubre de 2007- han hallado 51 nuevos expedientes con anomalías, con un importe total de fraude de 571.968 euros. «El total que la Hacienda foral ha dejado de recaudar son 8.125.106 euros», apuntó González, quien descartó que esa cifra vaya a aumentar más.

Fuentes de la Diputación foral señalan que la diferencia de cuantía entre ambos periodos se «puede deber a una toma de contacto. Parece razonable pensar que durante las primeras veces que se cometió el fraude se negociaron cantidades pequeñas. Posteriormente, al sentirse más tranquilos, optaron por elevar las sumas de dinero».

Policía judicial

La Diputación ha puesto los 51 nuevos expedientes a disposición de la juez encargada del caso, Almudena Ovejero, quien ha solicitado al departamento de Hacienda que investigue en «profundidad» estos documentos con el fin de realizar una «criba» para que finalmente sólo se trasladen al Juzgado aquellos en los que se aprecie un «contenido probatorio» claro.

De esta manera, la Hacienda foral actuará como una «policía judicial» y citará a declarar a los contribuyentes que figuran en esos expedientes. El departamento que dirige Pello González ha acordado un «sistema» especial con el Juzgado y la Fiscalía para evitar que los afectados se nieguen a acudir alegando la falta de competencia foral para estas labores. Lo que parece evidente es que la aparición de esos 51 nuevos expedientes retrasará la instrucción del caso que lleva el Juzgado número 2 de Irun.

Tras desvelar los resultados de las labores de investigación, el diputado de Hacienda insistió en centrar la trama en la oficina de Irun. «No ha habido en ningún caso más expedientes irregulares» que los descubiertos en esa oficina, afirmó, antes de recordar dos excepciones: dos informes detectados en la sucursal de Errenteria entre 1989 y 1991, años en los que José María Bravo trabajó en la delegación de la villa papelera.

González quiso enmarcar el fruto de la investigación dentro de la «apuesta decidida» de su departamento para luchar contra el fraude fiscal. «Con esta actuación nuestro departamento cumple con su compromiso adquirido a principio de la legislatura de mantener una tolerancia cero con este tipo de actuaciones, y de intentar llegar al final de toda la investigación de la trama de Irun y de otras posibles tramas que pudiera haber», indicó González, consciente de la pérdida de confianza en la Hacienda foral que el presunto fraude ha generado.

«Gente nerviosa»

«Nuestro fin es recuperar todo el dinero, que se castigue a los culpables y adoptar las medidas oportunas para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Hay que reforzar los mecanismos internos de control para que la labor de unos pocos no enturbie el trabajo de los 500 profesionales que trabajan en la Hacienda foral», subrayó González.

El diputado de Hacienda señaló que la actuación que está llevando su departamento en el «affaire Bravo» ha puesto «nerviosa» a mucha gente. «Iremos a por quien no cumpla sus compromisos tributarios», concluyó González.