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DAVID TABERNA
Miércoles, 12 de marzo 2008, 08:41
SAN SEBASTIÁN. DV. La comisión de las Juntas Generales que investiga las responsabilidades políticas que se podrían derivar del presunto fraude de la Hacienda de Irun citará a declarar al ex diputado foral Luis María Bandrés para que aclare la relación de su mujer, Maite M.A., con la investigación del caso. Según la fiscalía, Jose María Bravo, presunto cerebro de la trama, habría rebajado a 108.000 euros una deuda de 587.214 euros contraída por la empresa Tiendas Reunidas, perteneciente a la esposa de Bandrés. A mediados de noviembre de 2007, Maite M. A. ya afirmó ante la juez que ni ella ni su marido pidieron favores a altos cargos forales. Los grupos junteros, en cambio, siguen teniendo dudas. «Esperamos que Bandrés nos las aclare», apunta el socialista Julio Astudillo, presidente de la comisión.
Pese a la sorpresa que ha podido causar la citación de Bandrés, ex diputado foral de Servicios Sociales (1995-1999) y de Cultura (1999-2003), los miembros de la comisión consideran «lógica» su comparecencia. «A medida que acuden los testigos surgen nuevas dudas que hay que aclarar. El caso de Bandrés es bastante significativo. Su mujer ha sido investigada por el presunto fraude y él ha sido diputado foral durante ocho años. Parece lógico que sea llamado», señalan fuentes cercanas a la comisión.
Sin embargo, su citación vino precedida de un «pequeño debate» entre los grupos, alguno de los cuales mostraba sus dudas sobre la idoneidad de la comparecencia. «Al final, todos asumieron llamarle», apuntan las mismas fuentes. La propia comisión aún no ha puesto fecha a su declaración ni tiene el visto bueno del ex diputado, que puede rechazar la convocatoria al ser voluntaria.
En su declaración ante la juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Irun, la esposa del ex diputado foral de Gipuzkoa Luis María Bandrés aseguró que ni ella ni su marido realizaron gestiones con altos cargos de la Diputación con la finalidad de obtener un trato de favor en la liquidación de las deudas que las empresas de la mujer habían contraído con el erario público. Maite M.A., en su comparecencia ante la juez ratificó la declaración que prestó ante la Ertzaintza. En 2003 José María Bravo reclamó a los representantes legales de la empresa Tiendas Reunidas, perteneciente a Maite M.A., una deuda que ascendía a 587.214 euros. Bravo, en una entrevista con la contribuyente, accedió a rebajar la cuantía hasta los 108.000 euros. La esposa de Bandrés afirmó que aceptó el trato y que realizó tres pagos en metálico, uno de 12.000 euros, otro de 36.000 y el último de 60.000.
En su declaración, Maite M.A. indicó que el dinero que le permitió liquidar la deuda provino de un préstamo de unos familiares, a quienes posteriormente devolvió las cantidades tras la venta de un «bien familiar». Aseguró que la sociedad que administraba no tenía dinero y sí muchos empleados.
La testigo dijo que nunca se puso en contacto con superiores de José María Bravo ni tampoco con su hermano, el ex senador del PNV Víctor Bravo. Indicó igualmente que ni ella ni su marido contactaron con altos cargos de la Diputación para obtener un trato de favor.
Mañana vuelve Pardo
Por su parte, la comisión de investigación volverá a citar mañana a Juan Pardo, ex responsable de la Unidad de Coordinación de Oficinas Tributarias de Gipuzkoa desde el 2000 y, por tanto, superior inmediato de Bravo. después de que su anterior declaración, el viernes 29 de febrero, tuviera que ser suspendida quedando pendientes algunas preguntas de los grupos junteros. En concreto, de EA, PNV y PSE.
Además, la Cámara territorial citará a declarar por la mañana a la responsable de auditorías de la Hacienda foral, Itziar Aristondo Fernández, al responsable de informática, Francisco Alday Figueroa y al de contabilidad, Jorge Corral Alza. Por la tarde está citado, además de Pardo, Elena Garayalde Martin, representante del sindicato de funcionarios de la Diputación Bazkuna y abogada, a su vez, de Pilar Gracenea, imputada en el caso. El viernes, llegará el turno de CC OO, ELA y LAB.
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