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ANE URDANGARIN
Martes, 29 de abril 2008, 03:17
SAN SEBASTIÁN.DV. El Tribuna Supremo ha dado un espaldarazo a algunas reivindicaciones históricas de las familias numerosas tras fallar, en una sentencia firme, que tendrán preferencia a la hora de acceder a becas y ayudas de todos los centros escolares, bien sean públicos, concertados o privados, y al reconocer su derecho a acumular descuentos en el transporte interurbano. «Es un paso importante porque se reconocen nuestros derechos», valora Natalia Díez-Caballero, directora ejecutiva de Hirukide, la Federación de Familias Numerosas de Euskadi.
Hirukide, que agrupa a 4.300 familias vascas, está integrada en la Federación Española de Familias Numerosas, que es la que recurrió varios aspectos del desarrollo reglamentario que el Gobierno socialista llevó a cabo en 2006 sobre la base de la Ley de Protección a las Familias Numerosas, aprobada por el Gobierno del PP en 2003. En uno de los artículos recurridos, y que el alto tribunal ha considerado nulo de pleno derecho, se especificaba que la preferencia para acceder a becas y ayudas sólo estaría destinada a alumnos matriculados en centros sostenidos con fondos públicos. «Y ahora el Supremo viene a decir que no cabe hacer esa distinción y que esa preferencia se debe aplicar tanto a centros públicos, concertados como privados. Reconoce la libertad de elección de centro», afirma Díez-Caballero. La aplicación de esta resolución será en el País Vasco más limitada que en otras comunidades, ya que prácticamente todos los centros reciben dinero público.
La sentencia del Supremo, que en breve será publicada en el BOE, también anula el punto que indicaba que los descuentos por pertenecer a una familia numerosa no eran acumulables a otros que se puedan establecer sobre las tarifas. Dicho de otra forma, estas familias no podían hasta el momento, por ejemplo, disfrutar de rebajas en billetes interurbanos de ida y vuelta ya que se considera que este tipo de ticket, a diferencia del suelto, tiene un precio ya reducido. A partir de ahora, las familias numerosas de categoría general ( tres y cuatro hijos o dos hijos, uno de ellos discapacitado) y de categoría especial (cinco hijos o más) podrán beneficiarse de un descuento del 20 y 50% respectivamente, y sumar esta reducción sobre otras establecidas.
La federación también impugnó otras infracciones por omisión en el desarrollo de descuentos en el transporte urbano. La sentencia se limita a reseñar que estas bonificaciones corresponden a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos, donde se deberán efectuar las reclamaciones, si bien el fallo dispone que el Estado «deberá soportar estos descuentos». En este sentido, la directora ejecutiva de Hirukide cree que esta decisión supone un acicate para reclamar rebajas en este tipo de transporte. «San Sebastián es la única ciudad vasca que los aplica», cuenta. La disparidad de bonificaciones se concreta también en ejemplos «bien cercanos como el de Santander, donde el transporte público en bus es gratuito para las familias numerosas».
La ley vasca
Este fallo del Supremo, «que establece un marco de actuación», fue uno de los temas que se abordaron en la asamblea de Hirukide que se celebró el sábado, en la que también se citó el proyecto de Ley de Apoyo a las Familias que el consejero vasco de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, presentó a inicios de mes. Hirukide ha participado en la elaboración de esta propuesta que nace con el ambicioso propósito de que Euskadi converja con Europa en políticas familiares.
Una de las medidas más aplaudidas por Hirukide se refiere a la implementación de un sistema de estandarización de la renta familiar, de forma que cuando una subvención esté condicionada a la renta de familia, ésta se modulará tomando en cuenta el número de miembros. De esta forma se persigue «un reparto más real y justo. Se está dando un desequilibrio tremendo, como el hecho de que una familia unipersonal tenga un límite más alto para acceder a una VPO que una familia de cinco miembros para optar a becas o ayudas de transporte». La norma también contempla abrir centros escolares en periodos vacacionales y otras medidas para conciliar la vida laboral y familiar «y que no haya que elegir entre el trabajo y los hijos».
Díez-Caballero califica de «un gran avance» este proyecto de ley, aunque lamenta que no se hayan especificado ni los plazos de aplicación ni la dotación presupuestario, «algo imprescindible para llevar a cabo todas estas medidas y que no se queden en una declaración de intenciones».
Desde Hirude consideran que estas familias que educan y crían a sus hijos están garantizando una Euskadi joven, «y de la misma forma en la que cumplimos con una serie de obligaciones, tenemos que tener también unos derechos reconocidos».
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