López acusa al tripartito y Aralar «de asumir el manual del terrorista detenido»

SAN SEBASTIÁN.DV. Patxi López arremetió ayer contra el tripartito y Aralar por aprobar el viernes en el Parlamento Vasco el «manual del terrorista detenido» y acusar al Gobierno central de «amparar sistemáticamente» la torturas a los presuntos etarras detenidos. La indignación del secretario general del PSE-EE se acrecentó por el hecho de que PNV, EA y EB apoyaran la propuesta de Aralar sólo dos días después del asesinato por ETA del guardia civil Juan Manuel Piñuel. No obstante, las formaciones del tripartito se defendieron y argumentaron que el rechazo a las torturas es algo defendido por «la mayoría de la sociedad vasca».

López no escatimó críticas y acusó a estos partidos de cometer una «inmoralidad» y de «olvidarse del asesinato» y «dar la espalda a un Estado de Derecho que funciona con todas las garantías democráticas». En su discurso en el congreso del PSE de Gipuzkoa, el líder socialista vasco, denunció que el tripartito ha incurrido «en un ejercicio de irresponsabilidad enorme» al «utilizar los argumentos de los victimarios». No obstante, tras insistir en que «es muy triste ver estas actuaciones», se mostró convencido de que «el final de quienes han hecho de las bombas y del asesinato su única razón de ser está más cerca que nunca».

Como contrapunto a la decisión de la Cámara vasca, López destacó otros «dos rayos de luz» en medio de «la sombra de muerte y destrucción que ETA ha querido instalar una vez más» en la sociedad vasca. El primero de ellos, según explicó, es la «dignidad» con la que la sociedad vasca ha sido «capaz» de «despedir al guardia civil asesinado», tanto en la catedral nueva de Vitoria como en el Parlamento Vasco, «con una imagen inédita de cercanía y solidaridad entre los representantes políticos y entre los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzain-tza». El segundo responde a «la imagen de unidad» que dieron «todos los partidos políticos y los miles de ciudadanos que se concentraron el viernes a la tarde en Vitoria para decir a ETA que rechazan sus crímenes y que su único destino es desaparecer».

El protocolo vasco

El consejero vasco de Interior, Javier Balza (PNV), se mostró en desacuerdo con López y consideró que lo aprobado por el Parlamento Vasco expresa lo que piensa la mayoría de la sociedad vasca. El máximo responsable de la Er-tzaintza recalcó que esa iniciativa merece «todo el respeto» porque fue aprobada por la mayoría del Parlamento, con los votos a favor de PNV, EA, EB, EHAK y Aralar. El consejero de Interior fue más allá y se ofreció a «compartir» con el Estado el protocolo que aplica la Ertzaintza en las detenciones e incomunicaciones de presuntos terroristas, que ha sido calificado positivamente, según expuso Balza, por el relator de Derechos Humanos de la ONU.

Otra formación del tripartito, EB, exigió al PSE-EE que «reconozca la legitimidad de la Cámara autonómica para denunciar la práctica de la tortura como una violación de los derechos humanos». Su portavoz parlamentario, Antton Karrera, reclamó a López que «en vez de acusar a la Cámara vasca y al gobierno tripartito de Vitoria de usar el manual de los terroristas, pida al Gobierno del Estado que asuma compromisos efectivos contra la tortura, en coherencia con los planteamientos de Naciones Unidas, y otros organismos internacionales».

Por contra, el secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, consideró «incompatible» el homenaje a las víctimas del terrorismo que hoy se celebrará en el Kursaal de San Sebastián, organizado por la Dirección de Atención a Víctimas, con la «obscena doble moral» del Gobierno Vasco de querer «contentar a víctimas y verdugos». Por ello, consideró «coherente» la actitud de su partido de no acudir al homenaje organizado por el Gobierno Vasco. Desde este partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pidió incluso a Zapatero que no se reúna el martes con el lehendakari.

Desde el partido socialista se escucharon mensajes rotundos. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó de «muy grave» e «incierta» la resolución de la Cámara vasca. Aunque «todo el mundo sabe que ETA da instrucciones a sus militantes de denunciar torturas inmediatamente después de ser detenidos», dijo el ministro, el Gobierno «no ampara nada, y mucho menos las torturas». Aseguró que las denuncias de torturas «se investigan todas» y que «los primeros y más interesados en que esas investigaciones se lleven a cabo y en que el Estado de derecho actúe son la Guardia Civil y el Ejecutivo».

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseveró que la acusación de torturas «carece de todo fundamento» y no tiene «ningún apoyo». «Vivimos en un Estado de Derecho que garantiza cualquier situación que se pueda producir al margen de la legalidad», concluyó.