La Cámara vasca apunta a Fraga como «responsable político» de los sucesos del 3 de marzo en Vitoria

El Parlamento Vasco aprobó ayer un informe sobre los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, en los que cinco personas murieron como consecuencia de una carga de la Policía contra una asamblea de trabajadores, en el que se denuncia «las responsabilidades políticas» de los entonces ministros de Interior, Manuel Fraga; Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa; y Presidencia, Alfonso Osorio.

El documento, aprobado por el pleno de la Cámara, salió adelante con el apoyo de los grupos del tripartito (PNV, EA, EB) y el PSE. El PP votó en contra por el «afán político» que subyace en el texto y EHAK hizo lo mismo al echar en falta «compromisos escritos» hacia las víctimas.

El trabajo, elaborado a partir de testimonios de historiadores, víctimas, testigos y periodistas que comparecieron ante la comisión especial que analizó los sucesos, denuncia que la versión oficial «falta a la verdad», y califica de «desproporcionadas» las instrucciones para el desalojo de la asamblea de trabajadores que se estaba celebrando aquel en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio vitoriano de Zaramaga.

«Dimensión política»

El dictamen de la Comisión enmarca los hechos en un contexto de «conflictividad laboral» en el que, entre otros factores, concurrían cuestiones como un reciente decreto de congelación salarial. No obstante, se reconoce que las protestas tenían «una dimensión política que trascendía de la demanda estrictamente laboral».

El documento establece que no se puede determinar «si existió o no un plan preestablecido» para que la Policía impidiera la celebración de la asamblea «con la violencia finalmente empleada». No obstante, considera «fehacientemente probado» un conjunto de «causas generales que dieron lugar a esos sucesos». Entre ellas, se encuentra «el uso irresponsable y homicida de armas de fuego para responder a un problema de orden público y de origen laboral», así como «la inadecuada dotación y preparación del operativo policial». Todo ello, en un contexto de «falta de libertades esenciales que caracterizaba la situación sociopolítica del país».

Asimismo, apunta a «las instrucciones desproporcionadas que incitaba a desdeñar los derechos humanos más elementales» y la existencia de órdenes «procedentes de alguna instancia de la línea de mando, cuyo vértice era el Gobierno de España». Además, señala que dichas órdenes fueron ejecutadas por funcionarios «sin que se hayan determinado responsabilidades personales». Sin embargo, establece que, de estas causas, «dimana la existencia evidente de responsabilidades políticas» en los entonces ministros de Interior, Relaciones Sindicales y Presidencia. Ninguno de ellos accedió a comparecer ante la Comisión. E.P.