Desde hoy, garantizados los depósitos

En plena jornada de derrumbe bursátil, el Consejo de Ministros aprobó ayer aumentar, desde este mismo sábado, de 20.000 a 100.000 euros las garantías de los depósitos de ahorradores e inversores en fondos, y la constitución del fondo que comprará activos a bancos y cajas para que liberen recursos con los que financiar a empresas y familias. Esas cantidades quedan aseguradas por titular y entidad gestora. A comienzos de la próxima semana arrancarán los mecanismos para que en el último trimestre del año las entidades de crédito puedan concurrir con sus hipotecas sobre primera vivienda de máxima calificación -y tal vez otros activos, como cédulas hipotecarias- a las subastas específicas que convocará el Tesoro para comprar esos activos.

Superado con urgencia el trámite del Consejo de Estado, el Gobierno ha acelerado sus planes y dio el visto bueno al decreto que incluye la aprobación de un crédito extraordinario por importe de 10.000 millones de euros, ampliables hasta los 30.000, elemento necesario para que arranque el fondo de rescate.

El Partido Popular, que pocas horas antes debatía con el vicepresidente económico la fórmula para abrir vías de liquidez que alivien la congelación crediticia, sólo obtuvo una concesión: en el preámbulo de la norma figura la recomendación de que sean los hogares y las compañías, por este orden, los beneficiarios de la financiación que van a obtener bancos y cajas.

El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, se declaró contrario a ir más allá. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros censuró al primer partido de la oposición su intento de «resucitar la vieja banca pública», al plantear que se utilice el Instituto de Crédito Oficial como intermediario financiero. «El modelo elegido es más sano, más claro y está en línea con la actuación de otros países, porque sólo se propone corregir un mal funcionamiento del mercado, y por eso mismo tiene carácter temporal», declaró.

Solbes rechazó que sea el Ejecutivo el que determine por decreto el destino final que las entidades de crédito privadas pueden dar a los fondos que captan. «No creemos labor del Gobierno sustituir a los gestores de los bancos en el manejo de sus carteras o cuentas de resultados», zanjó.

Inversión del Estado

Insistió Solbes en que la operatoria del fondo no tendrá coste para el contribuyente. Debe ser considerada como una inversión más del Estado, apuntó. Créditos que bancos y cajas tienen ahora bloqueados podrán salir del activo de las entidades, con lo que ya se supera el primer escollo que es el de la ausencia de financiación para dinamizar la economía, según explicó.

Pero el Tesoro Público no comprará esos activos si no obtiene una rentabilidad superior al precio de la deuda más los costes de la operación. Con el paso del tiempo, cabe la posibilidad de que las entidades financieras puedan recomprar esos activos, y es muy probable que quieran hacerlo, para recuperar una parcela de su propio negocio. COLPISA