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El alcalde de Getaria, Andoni Aristi, la consejera Azkarate y la diputada Aranburu, ayer. /FRAILE
El fiscal considera que hubo delito en la gestión de Camio en el Museo Balenciaga
CASO BALENCIAGA, PROCESO JUDICIAL

El fiscal considera que hubo delito en la gestión de Camio en el Museo Balenciaga

Presenta una querella criminal contra el ex alcalde de Getaria, el arquitecto Argilagos y un intermediario. Prospera la denuncia de las instituciones promotoras

NEREA AZURMENDI

Jueves, 6 de noviembre 2008, 04:10

DV. La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha estimado que hay indicios de delito en la gestión del ex alcalde jeltzale de Getaria, Mariano Camio, durante el tiempo en que fue el principal gestor de la Fundación Balenciaga y la sociedad Berroeta Aldamar, promotoras del Museo Balenciaga, y ha decidido presentar una querella criminal contra él en un Juzgado de Instrucción de Azpeitia, partido judicial al que pertenece la localidad natal de Cristóbal Balenciaga. La decisión del ministerio fiscal supone, así, que tras varios meses de investigación ha prosperado la denuncia contra Mariano Camio que presentaron a finales de noviembre del pasado año ante la Fiscalía las dos entidades promotoras del proyecto.

Aunque la denuncia sólo hacía mención expresa a las supuestas irregularidades cometidas por Mariano Camio, la Fiscalía ha extendido la presunción de delito al arquitecto de origen cubano Julián Argilagos Pí y a Rolando Paciel González, que durante un tiempo ejerció de intermediario entre Argilagos, residente en Miami, y la ingenieria Eptisa-Cinsa que estaba construyendo el museo sobre la base del proyecto arquitectónico encargado a Argilagos.

Depurar responsabilidades

Los tres máximos representantes de las instituciones que integran la Sociedad Berroeta Aldamar, la consejera de Cultura Miren Azkarate, la diputada foral de Cultura María Jesús Aranburu y el alcalde de Getaria, Andoni Aristi, convocaron en la tarde de ayer de urgencia a los medios de comunicación para informar de la decisión de la Fiscalía.

En la primera comparecencia conjunta desde que se constituyó la sociedad en 2005 para ocuparse de las obras de construcción del museo, que hasta entonces habían estado en manos de la Fundación Balenciaga, indicaron que ayer al mediodía se había puesto en su conocimiento, en su calidad de denunciantes, que la Fiscalía iba a presentar ante el Juzgado la querella criminal, aportando asímismo la documentación correspondiente a la investigación que ha llevado a cabo la Ertzaintza durante los últimos meses.

Miren Azkarate recordó que tanto Berroeta Aldamar como la Fundación Balenciaga habían denunciado el 27 de noviembre de 2007 ante la Fiscalía una serie de «hechos que pudieran ser susceptibles de ser considerados delictivos», como «diversas falsedades documentales, irregularidades contractuales, ocultaciones de datos y movimientos financieros que se consideraban claramente irregulares por parte de la sociedad».

En aquel momento, meses después de que comenzaran a darse a conocer aspectos no muy claros de la gestión del proyecto de museo, pusieron a disposición del Ministerio Fiscal todos los datos y documentos que obraban en poder de Berroeta y de la Fundación, que incluían documentación financiera, contractual y contable así como informes periciales realizados por peritos calígrafos.

Azkarate, sin embargo, no aclaró a cuáles de esos u otros posibles delitos se hacía referencia en la querella criminal, ni en cuáles o en qué grado se imputaban a los tres querellados. «Hacerlo sería una irresponsabilidad», afirmó. Fuentes cercanas a las instituciones denunciantes afirman, sin embargo, que el Fiscal ha tomado en consideración la práctica totalidad de las acusaciones de los denunciantes.

Pese a que ni el Gobierno Vasco ni la Diputación Foral de Gipuzkoa forman parte de la Fundación Balenciaga, Miren Azkarate anunció que, dentro de las fluidas y frecuentes relaciones entre Berroeta y la Fundación, se habían puesto en contacto con esa última y que tenían su autorización para afirmar que ambas «ejercitaremos todas las acciones legales de cara a depurar responsabilidades y resarcir daños».

En manos del juez

La evolución del caso Balenciaga en su vertiente judicial -la vertiente política sigue su curso en la Comisión de Investigación que se creó en el Parlamento Vasco-, depende ahora de la decisión que adopte el titular del Juzgado ante el que se ha presentado la querella criminal, que puede admitirla a trámite -y, si lo estima oportuno, declarar secretas las diligencias- o no hacerlo.

En el primero de los supuestos, si también el juez estima que hay indicios razonables de criminalidad, abriría diligencias previas y podría llamar como imputados a todos o a alguno de los querellados, ofreciendo también a los denunciantes la posibilidad de personarse en la causa para poder participar en su instrucción. Azkarate afirmó que, tanto en el caso de Berroeta Aldamar como en el de la Fundación Balenciaga, «sí se producirá esa personación».

Si finalmente el titular del juzgado de Azpeitia decide dar ese paso, no tendrá mayores dificultades en localizar a Mariano Camio, pero tal no lo tenga tan fácil con Julián Argilagos Pí, que supuestamente recibió por sus servicios un sobrepago de más de 400.000 euros, con quien no pudieron ponerse en contacto los servicios jurídicos del Parlamento Vasco para citarle como compareciente el pasado día 29. Esta misma semana, no obstante, se ha sabido que está dispuesto a presentarse ante la comisión en fecha todavía por determinar. La citación judicial, en cualquier caso, podría recurrir a medios de localización más contundentes.

En cuanto a Rolando Paciel González, también de origen cubano aunque con residencia en España desde hace años, su papel en el caso Balenciaga, hasta la fecha, parecía secundario. Cuando Argilagos Pí fue autorizado a dirigir la obra desde Miami, se le contrató como intermediario e interlocutor entre el arquitecto y la empresa que ejecutaba la obra, función por la que percibía más 3.000 euros al mes. El contrato con Paciel fue uno de los primeros que se rescindió, puesto que se prescindió de sus servicios en abril de 2007, meses antes de que se hiciera lo propio con Argilagos, en noviembre. Paciel recurrió la rescisión del contrato, y su recurso fue estimado, por lo que se le han tenido que abonar más de 20.000 euros correspondientes a las seis mensualidades que reclamaba. Desde entonces, afirmó Azkarate, «no hemos vuelto a tener ningún contacto con él». Y tampoco lo han tenido, según la consejera, con Mariano Camio.

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