Principios y complejos

La estrategia contra ETA ha dado pasos indiscutibles en el terreno policial con las últimas detenciones. Las caídas de y de Aitzol Iriondo en menos de tres semanas dibujan un escenario novedoso. Parece que determinados tiempos se acortan. Sin embargo, los avances que se logran en el campo operativo necesitan sobre todo cubrir otros flancos sociales y políticos en el País Vasco, que ahonden más en la línea de deslegitimación del terrorismo, tal como ha apuntado el presidente del EBB, Iñigo Urkullu. De deslegitimación ideológica, porque hay que dar la batalla de las ideas y de los valores, porque hay que seguir inculcando una pedagogía de paz y de no violencia a los jóvenes, porque la falta de respeto a los derechos humanos y la intolerancia ha prendido demasiado en el tejido social, porque hay que desactivar la subcultura del odio incrustada demasiado tiempo. Deslegitimación social, porque la sociedad civil tiene que tener un protagonismo activo en esta batalla. El combate contra el totalitarismo va a costar seguramente varias generaciones.

En este sentido no cabe duda de que los acuerdos entre nacionalistas y no nacionalistas siguen siendo la herramienta política más eficaz para que este proceso cultural tenga éxito y sea duradero. El diagnóstico y la terapia del pacto antiterrorista PP-PSOE que pudo dar frutos en un momento dado se ve en este momento desbordado por las nuevas circunstancias y por una realidad compleja. Dejar ahora fuera al nacionalismo democrático de un nuevo entendimiento estratégico sería una insensatez y un gran error político.

Sin embargo, la política antiterrorista parece que puede volver a ser un fácil banderín de enganche para un sector del PP, que no ha renunciado a desgastar a Zapatero con este discurso. Ahora lo hace con el estandarte de la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV, de fácil consumo en el resto de España, y con la denuncia de unas supuestas intenciones del Gobierno de reabrir una futura negociación. De esta forma, los populares creen que pueden sacar la cabeza en un escenario en el que la opción de voto útil no nacionalista de Patxi López en las próximas autonómicas vascas complica también el margen de maniobra de Antonio Basagoiti. Puede que el PP haya comenzado a emitir estas señales clásicas para neutralizar el descontento agazapado del sector más crítico con Rajoy. O que lo haga para frenar de paso el peligro de un trasvase de cierto sector de electores a la formación liderada por Rosa Díez, en especial en Álava. El problema de este movimiento es que ofrezca un mensaje contradictorio, un bandazo desconcertante a la propia sociedad, entre el cambio de estilo y la apertura a nuevos sectores moderados y la fidelidad a la línea dura del pasado.

Plantear ahora la disolución de ayuntamientos puede acabar perjudicando a otras opciones políticas también presentes en esos ayuntamientos gobernados por cargos elegidos en su día en las listas de ANV y que no tienen por qué pagar los platos rotos.

Puede que la disolución de los ayuntamientos de ANV, además, no resuelva la cuestión de fondo aunque la frivolice de forma simplista. Y que amplíe la brecha del disenso al trasladar este asunto al circuito de los efímeros golpes de efecto de la política madrileña, que necesitan más madera para alimentar permanentemente el espectáculo. Otra cosa es que el rechazo de los alcaldes de ANV a condenar los crímenes de ETA es un suficiente motivo ético y político para proceder a su relevo democrático natural sin necesidad de recurrir a medidas de excepcionalidad y de dudosa legalidad. Es un gesto de claridad y de coherencia a la hora de deslegitimar el terrorismo.

Y esto vale tanto para Azpeitia tras el asesinato de Inaxio Uria como para Mondragón tras el asesinato de Isaías Carrasco. En el caso de Azpeitia, han operado factores de exigencia ética, pero también de táctica política, con unas elecciones autonómicas en la puerta de la esquina. La amenaza de la presión del PNV hacia EA, que concurre en solitario a las elecciones, ha empujado a la formación que lidera Unai Ziarreta a participar en la moción de censura. Pero a la vez se ha creado un indudable agravio comparativo con Mondragón. ¿Cuál es la razón que impide la moción de censura en Mondragón cuando los hechos objetivos, la decisión de su alcaldía de no rechazar el asesinato, es la misma que en Azpeitia? Más allá de la habilidad o no en la gestión de este tipo de iniciativas, la pregunta no es anecdótica y reabre un espinoso debate sobre determinados prejuicios y complejos políticos y sociológicos que subsisten en este país. Esta doble vara de medir refleja una alarmante falta de sensibilidad hacia sectores de los amenazados y un preocupante déficit de una elemental cultura democrática.