Aralar denuncia una adjudicación «ilegal» en el departamento foral de Política Social

DV. Aralar denunció ayer que el departamento foral de Política Social «transgrede» la Ley de Dependencia, tras adjudicar de forma «ilegal» el servicio de valoración. Rebeka Ubera, portavoz de Aralar en las Juntas Generales, explicó que la ley estipula que estos servicios deberán efectuarse directamente por las administraciones públicas, en este caso la Diputación, sin posibilidad de realizarlos mediante contratación exterior. La ley, no obstante, establece una moratoria de seis meses para la aplicación de esta restricción.

Ubera señaló que la Diputación adjudicó en mayo de 2007 a la Fundación Ingema este servicio de valoración por una duración inicial de seis meses.

La portavoz de Aralar denunció que, pasada la moratoria, «la diputada de Política Social, Maite Etxaniz, firmó una prórroga (noviembre de 2007) por otros seis meses (con la misma empresa), saltándose la ley».

Ubera explicó que se ha utilizado un «subterfugio» para transgredir la legislación. «El expediente de contratación denomina al servicio como 'asistencia técnica para la obtención de información sobre las personas solicitantes de valoración'. La diputada -subrayó la juntera- pretende saltarse la ley haciendo ver que segregan la obtención de información de la valoración, cuando son procesos inseparables».

Ubera añadió que no hay mas que ver el pliego de condiciones de los dos concursos (el de mayo y el de noviembre) «para ver que son lo mismo».

Jornadas en Aragón

La juntera indicó que la Diputación se ha descubierto cuando en las II Jornadas sobre la valoración, celebradas en Aragón el pasado diciembre, participó un responsable de Ingema como «responsable del programa de valoración de Gipuzkoa».

La portavoz de Aralar denunció la actuación de José Luis Madrazo, director de Atención a la Dependencia en la Diputación en la pasada legislatura, durante este proceso.

Ubera explicó que Madrazo fue presidente de la mesa que contrató el servicio de valoración a Ingema. Tras las elecciones, Madrazo dejó la Diputación y fue contratado por Gerozerlan. «Esta empresa, al igual que Ingema, forman parte de la Fundación Matia. No hay nada ilegal, pero lo cierto es que Madrazo ahora está trabajando para aquellos a los que adjudicó el servicio».