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JAVIER MUÑOZ
Martes, 3 de febrero 2009, 04:16
DV. El Gobierno Vasco «garantizará» un piso de alquiler social a los ciudadanos que sean embargados o desahuciados al no poder pagar la cuota de la hipoteca o el alquiler mensual por haber perdido su empleo. Así lo aseguró ayer el consejero de Vivienda, Javier Madrazo, quien indicó que la medida será de aplicación general, tanto para los inmuebles del mercado libre como para los protegidos. «Se trata de que nadie se quede en la calle por culpa del desempleo sobrevenido», resumió.
Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante los tres primeros trimestres de 2008 se registraron en el País Vasco 656 ejecuciones hipotecarias (145 en Gipuzkoa, 383 en Vizcaya y 128 en Álava), que superan ampliamente las 584 que se contabilizaron durante todo 2007.
De hecho, si se compara el tercer trimestre de 2008 con el mismo periodo de 2007, que arranca justo después de que estallara la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, el aumento de las ejecuciones hipotecarias en Euskadi fue del 110%; es decir, sumaron más del doble. En números absolutos, se contabilizaron se contabilizaron 219 embargos, de los cuales 122 correspondieron a Vizcaya, 50 a Álava y 47, a Gipuzkoa.
El Ejecutivo autónomo ha previsto que la solución anunciada ayer para «los casos extremos» de embargo y desahucio se prolongue inicialmente durante doce meses, aunque podrá prorrogarse durante un periodo similar si la situación laboral y económica del beneficiario así lo exigieran. Además, la medida puede empezar a aplicarse de «forma inmediata», sin que haga falta modificar la legislación.
Orden excepcional
Madrazo explicó que para llevarla a cabo basta con que el Departamento de Vivienda apruebe una orden excepcional, posibilidad que está regulada en el actual decreto sobre vivienda protegida. «Si los bancos no responden, será el Gobierno Vasco el que salga al rescate», afirmó el consejero.
No obstante, el líder de Ezker Batua no aclaró si su iniciativa es compartida por todos los socios del tripartito, que están inmersos de lleno en el periodo preelectoral.
Las anteriores medidas anticrisis que propuso su departamento -una de ellas, recomprar las viviendas libres en caso de que los titulares en paro no puedan pagar la hipoteca- causaron sorpresa a la portavoz del Gobierno Vasco, Miren Azkarate. Y también pillaron desprevenidas a las cajas de ahorro vascas, que aseguraron no haber sido informadas de la propuesta, a pesar de que, en la operación de recompra y cancelación del préstamo, la consejería de Vivienda les exige que renuncien al 20% del capital principal pendiente de amortizar.
Los servicios estadísticos del CGPJ son bastante pesimistas. De acuerdo con sus cálculos, en 2009 se contabilizarán más de 86.600 embargos en toda España, lo que representaría una subida del 61%. Y para 2010 prevén un total de 121.000; o lo que es lo mismo, un incremento adicional del 39%. Comparando tan sólo las cifras de 2007 y 2009: las ejecuciones hipotecarias se triplicarían. Por si fuera poco, el Poder Judicial advierte de que esas estimaciones se basan en el volumen de asuntos que ingresan en los juzgados; y recuerda que en algunos de esos asuntos podría haber no una, sino varias ejecuciones hipotecarias.
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