Derechos lingüísticos a la Carta

DV. 184 lenguas que se hablan en 23 estados miembros del Consejo de Europa se benefician en la actualidad de la cobertura que les ofrece a efectos de protección y promoción la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias. La CELRM -también conocida como Eurocarta, un apelativo más breve y pronunciable-, es el instrumento concebido hace más de una década por el Consejo de Europa para, en nombre de la diversidad lingüística y cultural del continente, velar por las lenguas que no son las oficiales de cada estado y por los derechos de sus hablantes.

Otras tantas lenguas que se hablan en la otra mitad de los 47 estados que forman parte del Consejo de Europa, sin embargo, no pueden apelar a la Eurocarta, ya que muchos de los de los estados miembros -entre ellos países con mucho peso y una considerable complejidad lingüística, como Francia, Bélgica o Italia- no la han ratificado lo que, a efectos prácticos, reduce la Carta a un documento completamente irrelevante.

Y, a juzgar por las conclusiones que dejaron atisbar ayer en sus intervenciones los expertos reunidos en Bilbao en una jornada sobre la Carta organizada por el Consejo de Europa, los gobiernos vasco y central y la UPV, la diferencia se nota. Porque, pese a que la Carta en sus aspectos prácticos es una especie de menú que no es preciso consumir entero -los estados que la ratifican tienen que comprometerse a cumplir un mínimo de 35 disposiciones de las 65 que contempla en los más variados campos de la actividad pública y privada-, allí donde se ha aplicado las lenguas regionales o minoritarias se han visto reforzadas.

Lo han hecho de modo variable en función de su situación de partida y del grado de compromiso de los estados, pero todas han avanzado, al contrario de lo que ocurre con muchas de las lenguas europeas que carecen de reconocimiento, varias decenas de las cuales están en peligro de desaparición según un estudio recientemente difundido por la UNESCO.

La educación, esencial

Para el noruego Sigve Gramstad, vicepresidente del comité de 23 expertos independientes designados por cada uno de los estados que han ratificado la Carta para que evalúen de manera continuada su cumplimiento, los diez años de aplicación de la Eurocarta han demostrado su validez como «instrumento útil que, incluso antes de su ratificación, ha servido para que muchos estados que anteriormente no lo hacían hayan comenzado a tener en cuenta a las lenguas regionales y minorizadas. Eso, entre otras cosas, ha servido para que los hablantes de esas lenguas se hayan dado cuenta, a menudo por primera vez, de que sus lenguas y sus culturas son algo de lo que estar orgullosos».

Gramstad -que procede de un país con siete lenguas en las que basta que tres hablantes de una de ellas soliciten la enseñanza en su lengua para que la obtengan-, considera que la Carta ha contribuido en muchos países «al entendimiento, a la tolerancia y al respeto, y ha cambiado la situación de muchas lenguas, que han pasado del pesimismo a la esperanza». En ese tránsito, tanto la Carta como Gramstad conceden una importancia prioritaria a la educación. A su juicio, «para crear personas bilingües la lengua minoritaria debe ser lengua de instrucción». Y debe ser, además, «visible en la calle, en los medios de comunicación y en los servicios públicos, muy especialmente en los servicios sociales y de salud».

Aunque admite que centrarse en la educación es «como abrir una caja de Pandora», mantiene como principio que «para tener una sociedad bilingüe es necesario poner énfasis en la educación en la lengua minoritaria. Creo que es una noción básica que todos tenemos que aceptar, lo que significa que en un área en la que conviven una gran lengua y una lengua minoritaria, también los no hablantes de la más pequeña tienen que aprenderla para que se mantenga».

También defiende la libertad de elección de los padres, aunque considera que «no puede ser absoluta» sino que «tiene que tener que tener unos límites». «Si unos padres no pueden decir que no quieren que sus hijos aprendan Historia o Matemáticas -afirma- tampoco pueden hacerlo en el caso de la lengua. Otra cosa es que no quieran que la lengua minoritaria sea la lengua de instrucción o la lengua vehicular, y creo que se les debe respetar ese derecho, pero siempre que se garantice que sus hijos tengan un conocimiento suficiente de la lengua minoritaria que se habla en su comunidad».

En el caso del euskera -que «como todas las demás lenguas, hay que separar de la política»- no ve grandes amenazas en el horizonte, «porque es una lengua relativamente fuerte que reúne los tres elementos clave: estar bien establecida en la enseñanza, estandarizada y tener hablantes comprometidos». Incluso en Navarra, en cuya zona mixta «han ocurrido cosas que ni tan siguiera nosotros esperábamos». En cualquier caso, hay un nuevo informe de seguimiento en marcha, «y entonces se verá». nazurmendi