La abogada de Irun que estafó a sus clientes en las subastas de pisos ingresa en la cárcel

DV. Prisión, comunicada y sin fianza. Fue la medida que adoptó la juez María Aurora Gabino Amantegi para una abogada de Irun acusada de haber estafado algo más de un millón de euros a clientes suyos en subastas de pisos. La letrada se halla privada de libertad desde el día 1.

La acusada, I.G.P., viene siendo investigada desde hace dos años cuando el juzgado abrió diligencias previas tras las denuncias formuladas por algunos clientes. Sin embargo, hasta ahora no se había adoptado una medida tan severa.

La decisión judicial tiene su origen en la «reiteración delictiva» de la acusada. Según el auto de prisión dictado por la juez, existen «indicios bastantes» de que la imputada, después de que se iniciara el proceso judicial, «ha continuado empleando el mismo método engañoso» que ya utilizó en ocasiones anteriores. En este sentido, precisa que la imputada recibió en julio del pasado año 54.000 euros con el fin de participar en una nueva subasta.

La juez afirma que «habiendo aprovechado la imputada su situación de libertad provisional para realizar nuevos hechos delictivos, idénticos a los que son objeto de este proceso, existe y se constata un riesgo de que pueda seguir actuando de esta forma en el futuro si no se adopta la medida cautelar de prisión», se indica en el auto judicial.

Añade la resolución que «la potencialidad engañosa de la imputada se halla conservada, siendo la intención de la misma, además, la de seguir haciendo uso de ella durante la tramitación de la presente instrucción, lo que, desde luego, debe evitarse con la adopción de aquellas medidas que sean precisas», afirma la juez.

Veinticinco afectados

Fuentes jurídicas consultadas ayer cifraron en 25 el número de personas perjudicadas y en más de un millón el monto de la presunta estafa. En todos los casos, según consta en las actuaciones, el método puesto en práctica por la abogada fue similar. De acuerdo a los documentos existentes en la causa, la letrada se puso en contacto entre los años 2004 y 2005 con personas que con anterioridad habían sido clientes suyos, a quienes, a cada uno por separado, ofreció la posibilidad de adquirir una vivienda que el juzgado sacaba a subasta. Tras ser informados de los beneficios que les podía reportar la operación, los clientes accedieron a adelantar determinadas sumas de dinero con el fin de que su representante pujase en la pretendida subasta. De esta manera, los clientes llegaron a aportar sumas que oscilaron entre 143.000 y 9.750 euros. En la mayoría de los casos, los denunciantes se vieron obligados a solicitar préstamos a bancos y cajas de ahorro con el fin de reunir el dinero.

Sin embargo, transcurrido un tiempo y al ver que no recibían noticias de la letrada, los clientes realizaron cada uno por su cuenta diversas averiguaciones. De esta manera, supieron que la imputada nunca depositó cantidad alguna en los procedimientos de subastas que había prometido.

Ante esta situación, los afectados, siempre por separado y en el desconocimiento de que había otras personas en su misma situación, le reclamaron la devolución del dinero. Las respuestas que recibieron no fueron sino excusas, por lo que, ante la imposibilidad de recuperar el dinero, los perjudicados pusieron el caso en manos de la Justicia.