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MIGUEL ANGEL MATA
Jueves, 21 de mayo 2009, 09:11
DV. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rechazó ayer los recursos presentados por los sindicatos contra la orden de servicios mínimos decretada el lunes por el Gobierno Vasco de cara a la huelga promovida para hoy por ELA, LAB, Stee-Eilas, Ehne e Hiru. De esta forma, los servicios se mantendrán como estaba previsto (ver DV del martes). En líneas generales, los hospitales funcionarán hoy como si se tratara de un día festivo y los ambulatorios como un sábado.
Los medios de transporte con sede en Euskadi operarán al 30%, con especial atención en las horas punta y un recorte sustancial del servicio durante el resto del día. Quedan excluidas de esta medida las empresas con sede fuera de la comunidad autónoma, como Renfe, cuyos servicios mínimos vienen dictados por el Ministerio de Fomento y que funcionarán con normalidad.
La novedad frente a anteriores huelgas se produce en la Educación y en los Servicios Sociales. Los servicios mínimos garantizan esta vez la apertura de colegios, guarderías () y centros de atención a mayores y discapacitados, aunque con menos personal del habitual.
Instalaciones municipales
Los servicios municipales vienen establecidos por la decisión de cada corporación, pero en general, tanto los ayuntamientos como sus servicios e instalaciones (polideportivos, bibliotecas...) deberían permanecer abiertos.
Comercios, bares, restaurantes y farmacias tienen libertad para abrir o cerrar. En el caso de las farmacias, abrirán seguro las de guardia preestablecidas. Las entidades financieras también tienen previsto abrir, tanto sus servicios centrales como las sucursales.
En sus resoluciones, el alto tribunal vasco hace referencia al asunto más espinoso de los servicios mínimos y que más ampollas ha levantado en los convocantes: la apertura de colegios y guarderías y la equiparación de los centros de día con los geriátricos.
El tribunal señala que la orden de servicios mínimos «garantiza la vigilancia o atención del alumnado», en el caso de las guarderías, y que la motivación de ésta es «suficiente y justificativa de la defensa de terceros que no sean huelguistas y mantiene el funcionamiento del servicio público». Es decir, los justifica en la necesidad de los no huelguistas de llevar a sus hijos al centro educativo, defendiendo su derecho al trabajo.
Respecto a los centros escolares públicos y privados no universitarios, considera que los mínimos establecidos «no desnaturalizan» el derecho de huelga al no sobrepasar el 25% de la plantilla. Alude a que el derecho a la educación hace que «una huelga no pueda conllevar una situación de falta de vigilancia o atención del alumnado», siendo necesaria la prestación de la debida seguridad a los menores que acudan a los centros.
Transportes
En cuanto al transporte, los convocantes del paro denunciaron que se hayan establecido servicios mínimos del 30% cuando lo habitual es el 20%. El TSJPV afirma que el porcentaje que se establece «permite mantener reconocible» el ejercicio del derecho de huelga y no puede considerarse que «vacíe» de contenido la protesta. Aclara a continuación que con sólo un 30% de servicios «se sigue posibilitando una importante incidencia en el servicio de transporte de viajeros». Indica además que, teniendo en cuenta que la huelga no ha sido convocada por todos los sindicatos, se puede facilitar la prestación de estos servicios por trabajadores que «no ejercitan este derecho».
Ante la petición de que no se consideren servicios esenciales los centros de día y el sector de ayuda a domicilio, el juez dice que no hay datos que permitan «presuponer» que el nivel de autonomía de las personas usuarias les permita atender a sus propias necesidades sin apoyo familiar o social.
La decisión del juez fue criticada por los sindicatos convocantes, que la calificaron como «el último ataque» dentro de una «estrategia para deslegitimar la huelga». Contestaron que, «a pesar de sus esfuerzos, no van a conseguir que fracase» la protesta, ya que «la mayoría social trabajadora la secundará».
Entretanto, la huelga recibió ayer el apoyo de Alternatiba -el grupo escindido de EB- que apeló a la unidad del sindicalismo «ante la crisis del sistema». Por su parte, EB dio libertad a sus afiliados para secundarla o no.
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