La amenaza de Estrasburgo

DV. El futuro y, en gran medida, la legitimidad de la Ley de Partidos se dilucidará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en una fecha aún por determinar, 17 meses después de que la sección 5ª de la Corte de Estrasburgo admitiera a trámite los recursos 25803/04 y 25817/04: esto es, los interpuestos por los representantes de Herri Batasuna y Batasuna contra el Estado español por los procedimientos judiciales que desembocaron en su ilegalización.

Esa decisión, interpretada en su día como un éxito por la izquierda abertzale proscrita aunque no prejuzgara en modo alguno la resolución final del expediente, debe desembocar en una sentencia que, en principio, adoptaría una de las salas del TEDH; no obstante, en circunstancias excepcionales y ante la gravedad o complejidad de la impugnación planteada, ésta podría elevarse a la Gran Sala. La Corte no está sujeta a ritmos predeterminados y sus pronunciamientos -vinculantes- dependen de factores tan dispares como el número de casos acumulados o cuál sea el Estado involucrado. Es decir, su trayectoria democrática.

Por ello, fuentes conocedoras de los recursos promovidos no aventuran cuándo se producirá una decisión que en cualquier caso, subrayan, no ha sufrido ningún retraso a pesar de que la misma lleve tiempo considerándose poco menos que inminente. Aunque la admisión de la protesta de HB/Batasuna las relegó a un segundo plano, ese día, el 11 de diciembre de 2007, el TEDH también acordó que se sometieran a una evaluación más profunda otras dos impugnaciones. Por una parte, una que incluye las reclamaciones de varias agrupaciones electorales prohibidas en los comicios municipales y forales del 25 de mayo de 2003, de la cabeza de lista de una de las plataformas -Bildu Hernani- y de Pernando Barrena, líder entonces de la plancha de AuB constituida para el Parlamento navarro; y, por otra, la de Herritarren Zerrenda, la candidatura a las elecciones europeas del 13 de junio de 2004 anulada por el Supremo y el Constitucional.

Admisiones y rechazo

Las tres demandas fueron admitidas parcialmente a trámite, al estimar la Corte que los recursos estaban correctamente fundamentados y que las cuestiones que llevan a sus promotores a dar por vulnerados dos de los artículos esenciales del Convenio Europeo de Derechos Humanos -el 10, sobre la libertad de expresión y el 11, sobre la libertad de asociación- merecen un análisis a fondo que derivará en sentencia. En medio, el Tribunal ha rechazado por defectos argumentativos la impugnación que fue interpuesta por la candidatura Ametzak ante su exclusión de las municipales de 2003, aunque esta plataforma de Amezketa siempre negó que formara parte el entramado abertzale sometido a la Ley de Partidos. Y la Corte bloqueó también el extemporáneo intento del Gobierno de Ibarretxe de tramitar su propia denuncia, un propósito inviable ya que el TEDH no dirime conflictos de un territorio de un Estado con ese Estado.

El último movimiento del que se tiene constancia en Estrasburgo es la comunicación abierta el pasado mes de abril ante el recurso más reciente, el presentado por ANV contra la supresión de 133 de sus listas en los comicios municipales de 2007. En la práctica, eso significa que la Corte pide aclaraciones tras examinar por primera vez el caso y antes de decidir qué hace con él.

El recorrido de las distintas y heterodoxas impugnaciones promovidas en Estrasburgo refleja el galimatías jurídico y político en que se ha transformado el pulso que libran la legalidad española y la izquierda abertzale, cuyo empeño en sortear los límites del Estado de Derecho antes que ceñirse a ellos ha redundado desde que se aprobara la Ley de Partidos, el 27 de junio de 2002, en una docena de procedimientos de proscripción de partidos y de anulación de listas electorales.

El último de ellos, el que ha acabado permitiendo a Iniciativa Internacionalista concurrir a los comicios europeos de dentro de dos semanas, ha provocado un resultado inédito hasta ahora: que el intento de dejar fuera de la liza electoral a una plancha sospechosa de haber sido infiltrada por Batasuna se haya visto frustrada al contradecir el Constitucional al Supremo.

El modo en que el primer tribunal ha desmontado todos los argumentos del segundo por la endeblez de los indicios esgrimidos ha avivado las especulaciones sobre si España pasará o no el filtro de la legitimidad democrática en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Quienes plantean la cuestión así sitúan la carga de la prueba en el Estado, persuadidos de que hechos como la autorización por el Constitucional de la candidatura encabezada por Alfonso Sastre no hacen sino subrayar los excesos a los que puede conducir una aplicación de la Ley de Partidos laxa con las garantías procesales; garantías insoslayables, remarcan, cuando lo que está en juego es el derecho a la libre participación política.

Frente a estas posiciones se colocan aquellos que, sin emitir pronóstico sobre la sentencia del TEDH, sí auguran que la Corte no evaluará en ningún caso al Estado español con la misma lupa con que lo haría ante denuncias presentadas contra países con democracias menos asentadas. Además, creen que si algo hace el último veredicto del Constitucional es apuntalar las salvaguardas ante el examen de Estrasburgo.

Medios lícitos, fines ilícitos

El TEDH habitúa a dilucidar expedientes de ilegalizaciones de partidos. Sentencias como la dictada contra Turquía por proscribir al PKK kurdo han alimentado las expectativas de la izquierda abertzale. Pero el 'caso turco' también supuso un precedente en sentido contrario, cuando la Corte europea avaló que se dejara fuera de la ley al Partido de la Prosperidad al juzgar su islamismo fundamentalista incompatible con el pluralismo democrático. Para algunos expertos, esa decisión reorientó la inclinación arraigada en el Tribunal por la queno cabría ilegalizar formaciones que utilicen medios lícitos, aunque sus fines sean contrarios a la democracia.

HB/Batasuna fundamenta su recurso en que la Ley de Partidos es una norma creada 'ad hoc' y aplicada para acallar la voz del independentismo vasco. Para el Gobierno, que recuerda que a ojos de la UE ambas organizaciones forman parte del entramado etarra, el Estado debe proteger la democracia ante la amenaza que ejercen los violentos.