Unos ingresos mínimos para todos

El impacto de la crisis económica sobre el empleo ha sacado a relucir una de las principales carencias de la política social en España, la ausencia de una última red de garantía de ingresos que ofrezca una mínima seguridad económica a la población. Salvo excepciones, los programas autonómicos introducidos a lo largo de los años 80 y 90 no ofrecen a las personas en riesgo recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Incluso en sus formas más extremas, la pobreza sigue constituyendo un serio problema.

Una de las escasas consecuencias positivas de la crisis es que esta realidad podría cambiar en los próximos meses si el Estado toma la iniciativa en este campo. Una de las vías a la que podría recurrir es la de una renta básica universal e incondicional para toda la población. La gestión de un programa de este tipo, con potencial suficiente para erradicar la pobreza, podría gestionarse a través del IRPF con unas implicaciones económicas no muy superiores a un 1-2% del PIB, tal y como han señalado diversos estudios en los últimos años.

Una medida más continuista con la política social española consistiría en ampliar el alcance de las prestaciones no contributivas. Se trataría de hacerlas llegar a todos los desempleados que hayan agotado sus derechos sociales o, al menos, a la gran mayoría de ellos. Esta ampliación de la cobertura de las prestaciones no contributivas abriría en paralelo nuevas perspectivas de desarrollo a las rentas mínimas autonómicas. Estos programas estarían así en mejores condiciones para completar los recursos de las personas y familias incapaces de abordar el conjunto de sus necesidades con los ingresos procedentes del trabajo o de las prestaciones generales de la Seguridad Social.

A corto y medio plazo, es probable que un avance en los niveles de protección pase precisamente por el desarrollo de estas políticas de rentas mínimas. La viabilidad económica de estos programas viene avalada por la experiencia del sistema de garantía de recursos del País Vasco, uno de los pocos en resistir la comparación con las mejores actuaciones europeas en la materia. A prestaciones básicas cercanas a 640 euros para una persona sola y a 820 euros para parejas se suman complementos por otras personas a cargo, gastos específicos relacionados con la vivienda o estímulos al empleo. La aplicación de este sistema en Euskadi, que completa los recursos de alrededor de un 3,5% de la población, no ha superado hasta ahora el 0,35% del PIB autonómico. Si bien el nivel de pobreza es superior en el conjunto español, la extensión de un modelo similar, adaptado al nivel de precios de cada comunidad autónoma, no tendría por qué alejarse de una media del 0,5% del PIB.

Tres cuestiones deben ser objeto de particular atención en la aplicación de las políticas de rentas mínimas. La primera tiene que ver con la igualdad. Un tratamiento racional de esta cuestión requiere un compromiso del Estado en la financiación de los programas autonómicos, con una aportación específica para las personas o familias cuya protección pretenda garantizar. La Administración estaría en tal caso en condiciones de exigir un acuerdo a las comunidades autónomas para establecer unas bases comunes de actuación. Sin embargo, en ningún caso debería pretender que se estableciera un mismo y único sistema de prestaciones, con cuantías comunes para todo el Estado. La libertad de actuación de unas comunidades autónomas que tienen plena competencia en materia de Asistencia Social debe quedar garantizada.

a segunda cuestión a considerar es la relación que se establece entre prestación de garantía y participación obligada en acciones de inserción, un tema que remite al problema de la condicionalidad de las rentas mínimas. El tratamiento de esta cuestión no puede abordarse al margen del modelo de protección universalista contemplado en la Constitución. Las personas que no tienen recursos suficientes pueden esperar del Estado una prestación de garantía no porque la sociedad haya decidido otorgarles una ayuda especial, sino porque en su caso no se cumplen preceptos constitucionales que se plantean como universales. Se trata tanto del derecho al trabajo como del derecho, previsto en el artículo 41, «a la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad». Si no se puede garantizar íntegramente a través de las prestaciones de Seguridad Social, la aplicación de este derecho debe ser abordada por la vía de lo que la Constitución define como Asistencia Social.

En el caso de la población desempleada, un diseño racional de las rentas mínimas debe asumir por tanto el principio del doble derecho. Los colectivos desprotegidos tendrían derecho tanto a los ingresos mínimos que no consiguen alcanzar por carecer de trabajo, o de una prestación alternativa de cuantía suficiente, como a participar en las acciones de inserción que les permitan solucionar sus problemas por las vías que se entiende como normalizadas. No cabe por tanto una aproximación punitiva en términos de contraprestación, aun cuando pueda justificarse el acceso a los programas de inserción sociolaboral en términos de puesto que el artículo 35 de la Constitución vincula el derecho al trabajo con el deber de trabajar. Convendría en cualquier caso graduar este derecho obligado, teniendo en cuenta las características de la población desempleada y la propia capacidad de los servicios públicos, huyendo de una generalización voluntarista e inmanejable de los convenios de inserción.

Un tercer elemento a considerar, al menos a medio plazo, es la introducción de medidas de estímulo al empleo, en la línea tanto del modelo existente en el País Vasco como de las experiencias europeas en la materia, una de las cuales se pone precisamente en marcha en junio. Se trata de la Renta de Solidaridad Activa (RSA), el nuevo programa que sustituye en Francia a la Renta Mínima de Inserción (RMI).

Al margen de la opción por la que apuesten finalmente las distintas administraciones implicadas, es necesario que el Gobierno del Estado se comprometa con el objetivo de consolidar un modelo integral y universal de garantía de ingresos para toda la población. Se trata de uno de los pasos obligados para que España deje de situarse entre los países con mayores tasas de pobreza y ausencia de bienestar en Europa.