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JAVIER FRÍAS
Jueves, 25 de junio 2009, 03:41
DV. En septiembre próximo, el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación de Gipuzkoa pondrá en marcha un servicio telefónico directo para recoger denuncias de ciudadanos sobre posibles fraudes fiscales de los que tengan conocimiento. Estas denuncias tendrán carácter anónimo si así lo desea el denunciante, y pretenden involucrar a los ciudadanos en la lucha contra el fraude fiscal en el territorio.
El anuncio fue realizado ayer por el diputado foral de Hacienda, Pello González, ante la correspondiente comisión de Juntas Generales, como parte del paquete de medidas que impulsa su departamento para intensificar la lucha contra el fraude fiscal. El diputado advirtió que se trataba de un proyecto «novedoso y polémico», y acertó. Sobre todo en lo segundo, pues la mayoría de los grupos políticos presentes en la comisión manifestaron sus recelos ante la medida -el PP la llegó a calificar de «muy peligrosa»- y todos coincidieron en exigir un «protoclo de actuación claro y estricto» que no añada más problemas a los que pretende resolver. La polémica está servida.
Según explicó Pello González, el nuevo servicio se prestará a través de un teléfono de atención directa, que recogerá posibles irregularidades en materia fiscal que los ciudadanos deseen poner en conocimiento de Hacienda. Igualmente, las denuncias o la información aportada «tendrán un carácter anónimo» -posibilidad contemplada en la Norma Foral sobre Gestión Tributaria, precisó- y se recogerán a través de un cuestionario que será después enviado a los servicios de control fiscal.
Como objetivos del teléfono contra el fraude fiscal, el diputado de Hacienda señaló complementar la información obtenida por los procedimientos actuales, y ofrecer pistas que puedan ayudar en las actuaciones y controles a través de los nuevos servicios informáticos. Asimismo, hizo hincapié en que el citado teléfono ofrecerá a los ciudadanos «una vía de participación y denuncia de las injusticias apreciadas», y «disuadirá a posibles defraudadores».
Pello González incidió en la necesidad de sensibilizar a los guipuzcoanos para que se impliquen y participen en la lucha contra el fraude, y asentar en la sociedad la cultura de la sanción social a los defraudadores, como ya existe en el Norte de Europa y en EE UU.
Rechazo al chivatazo
El anuncio del Departamento de Hacienda fue acogido con recelo por los grupos políticos presentes en la comisión, excepto Alkarbide, la formación escindida de EA y a la que pertenece Pello González. Las palabras más duras salieron de la boca de la representante del PP, Regina Otaola, quien calificó la medida de «muy peligrosa», pues «fomenta el chivatazo» y acepta como denuncia una acusación anónima, dijo. «¿Qué pasa con las denuncias? Puede haber casos de envidias y cualquiera puede denunciar a quien le cae mal (...). Resulta un poco fuerte decir que la denuncia anónima es una labor de gobierno», advirtió.
José Ignacio Otermin, del PNV, incidió también en la posibilidad de que se produzcan denuncias falsas por envidias y en el «rechazo social al chivatazo». Calificó el tema de «delicado» y pidió que se aclaren antes todas estas cuestiones. A su vez, Ander Rodríguez, de Alternatiba, preguntó si al denunciante se le va a exigir algún tipo de prueba y qué procedimiento se seguirá en las denuncias anónimas.
Para el portavoz del PSE, Julio Astudillo, el teléfono de denuncia del fraude fiscal puede ser «una medida positiva, en principio», si bien exigió «garantías y escrupulosidad» en el funcionamiento del nuevo servicio. Igualmente preguntó qué tratamiento se le va a dar a las denuncias anónimas.
Por su parte, Joxean Rekondo, de Alkarbide, calificó de «buena idea» la puesta en marcha del nuevo servicio de denuncia y lo comparó con las llamadas a la colaboración ciudadana en la persecución de delitos penales. «La sociedad debe asumir también la lucha contra el fraude -aseguró-, si bien el nuevo servicio necesita un claro y estricto protocolo, pues las denuncias infundadas deben ser diferenciadas y evitadas».
Denuncias falsas cortadas
En su respuesta, Pello González reconoció que el proyecto tiene todavía «muchas aristas a cubrir» y prometió que habrá un protocolo de actuación «perfectamente reglamentado», con una exacta medición de su funcionamiento, para que la sociedad guipuzcoana sintonice con la medida. En cuanto a las denuncias falsas, precisó, «si lo son, quedarán cortadas en ese momento».
En su comparecencia, el diputado de Hacienda anunció asimismo la firma, el próximo 8 de julio, del convenio de intercambio de información con el Colegio de Notarios. Este convenio, cuya importancia destacó Pello González, tiene por objetivo simplificar los procedimientos informáticos para facilitar el intercambio de información sobre operaciones realizadas dentro o fuera de Gipuzkoa por contribuyentes guipuzcoanos, que puedan tener interés para el control de la actividad fiscal. También abarcará la información sobre operaciones o grupos de operaciones con riesgo de fraude fiscal.
«El convenio nos permitirá tener acceso a situaciones fiscales desconocidas para la Hacienda foral -apostilló el diputado-. Habrá compromisos por ambas partes y los notarios pueden ser la extensión de los sistemas de gestión de la propia Hacienda».
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