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Jueves, 2 de julio 2009, 04:35
Nuclenor, la empresa que gestiona Garoña, ha presentado alegaciones ante el Ministerio de Industria en las que advierte de que no se dan «las circunstancias excepcionales de interés nacional que justifiquen el cierre de la planta y que, en caso de tomarse una decisión que se aparte del informe del CSN, favorable a renovar la licencia por diez años, el Estado tendrá que indemnizarla por daños y perjuicios».
Nuclenor asegura que, según la legislación, el Gobierno «carece de potestad para apartarse de las condiciones -no sólo de las relativas a la seguridad de la instalación sino también de las referentes al plazo y posibilidad de ulteriores renovaciones- establecidas en el informe preceptivo del CSN».
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