«Los menores tienen que ser tratados como menores»

DV. Los actos violentos cometidos por menores han reabierto la controversia sobre la respuesta legal que merecen. La semana pasada un grupo de chavales violó a una niña de sólo 12 años en Isla Cristina, Huelva. Varios de ellos no serán imputados porque tienen menos de 14 años, el límite que establece la Ley del Menor para exigir responsabilidades. Las voces que piden el endurecimiento de esta norma se han multiplicado. ¿Qué es lo que hay que hacer?

Para Luis María Naya, profesor de Educación Comparada de la UPV, y Elena Arce, asesora legal del Defensor del Pueblo, la solución radica en la educación y no tanto en una modificación de la ley. Tanto para los menores no acompañados como para los que sí están tutelados por sus familias. Ambos expusieron sus argumentos tras participar ayer en los Cursos de Verano de la UPV que se están celebrando en el Palacio de Miramar de Donostia.

Uno de los primeros en movilizarse ha sido el Partido Popular, que en septiembre pedirá en el Parlamento una reforma de la ley para «proteger a las víctimas más vulnerables» y para «acotar la impunidad» de los chavales delincuentes. Naya se muestra completamente en desacuerdo con esta idea: «Nunca abogaría por que se aplicaran penas adultas a un niño ni por que se endurecieran las medidas». «Un menor es un menor -añade- y tiene que ser tratado como tal porque está en proceso de desarrollo».

Y ¿qué hacer con los niños que cometen delitos de suma gravedad? La jurista Elena Arce observa que se trata de una cuestión «muy delicada», y plantea que «habría que tratar cada caso concreto y ver cómo se soluciona el problema». Ambos son contrarios al castigo y apuestan por a estos menores bajo el prisma de la reinserción y la educación. Precisamente las medidas educativas que toman las instituciones en estos casos es lo que cuestiona Elena Arce. «Hay recursos suficientes y creo que habría que emplearlos de otra de manera», señala. Naya camina en la misma dirección: «Estos niños necesitan una educación más personalizada y puede que los educadores no estemos lo suficientemente capacitados para dársela».

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, quien también participó en los cursos, aportó un dato relevante: el Estado destina 3.800 euros al mes por cada niño no acompañado. «Parece que se emplean los recursos necesarios para que tengan una buena atención», sin embargo, «lo que se pone encima de la mesa es cómo se gestionan esos recursos si no se consiguen resultados óptimos», explica Arce.

Desde el Defensor del Pueblo se quiere «combatir» cualquier atisbo de racismo, apunta Arce. Naya se muestra de acuerdo con esta idea y señala que «hay mucha estigmatización y puede derivar en xenofobia. La sociedad debe comprender que la reincidencia es muy baja y que únicamente reincide un grupo determinado», apenas un 13,9%.

No puede cesar la tutela

Además, la ley recoge que «hay que proteger a los menores no acompañados, porque son menores y están en desamparo». «No hay otra solución», concluye Arce. Respecto al cese de la tutela por parte de las instituciones, la jurista se muestra también contundente. «No se puede cesar la tutela en ningún caso. El Estado debe hacerse cargo, así lo marca la ley». «No me sirve de excusa -señaló- que el menor se haya escapado del centro, un pretexto que he escuchado. Esto es igual que si yo tengo un hijo que se va una noche de casa y hace fechorías y entonces reniego de él y no me hago cargo. No es de recibo».

«Hay que trabajar por una solución duradera al problema y eso va aparejado con su permanencia en España», destaca la asesora que sólo concibe la repatriación «si se va a asegurar la reagrupación familiar del menor de forma adecuada». En 2007 llegaron a España 5.408 menores no acompañados y se llevaron a cabo 23 repatriaciones. El año siguiente las repatriaciones se redujeron a más de la mitad y fueron trasladados de nuevo a su país de origen 11 niños. «El interés del menor es lo único que debe primar», concluye Arce.