Los disimulos del Ararteko

Vamos a felicitar de entrada a la institución que dirige el Ararteko. Su informe sobre la , por su cuidado y rigor, incluso por su inusual atrevimiento, merece la debida atención por parte de las autoridades y exige ser resumido para difundirlo cuanto antes entre los ciudadanos. Sí, también entre los nacionalistas, aunque en estas fechas les quede poco tiempo para su lectura, ocupados como están en protestar por la retirada de los edificantes carteles terroristas. Mientras los lectores más interesados se zambullen en las centenares de páginas de este documento, me van a permitir un juicio de urgencia. Y puesto que otros se encargarán de resaltar los innegables aciertos del Informe, me ocuparé de sus no menos visibles desaciertos: algunas confusiones, ciertas ausencias notorias... y los llamativos comentarios del señor Lamarca en su presentación a la prensa.

Creo que la peor de las confusiones es definir el atentado con víctimas mortales como «un acto injusto intencionado, en nombre de un fin que decía justificar los medios» (pág. 616). Tal definición condena los medios violentos por injustificables, al tiempo que da por sentada la legitimidad de los fines. ¿Y si también los fines, así como los presupuestos últimos desde los que esos fines se postulan, carecieran de justificación democrática suficiente? ¿Y si fueran los falsos derechos nacidos de tales presupuestos los que han empujado y aún empujan a muchos a servirse de la fuerza o a disculparla? Son consideraciones en que los redactores, por si acaso, no se adentran. Tampoco resulta correcto insistir en que las víctimas de persecución (los amenazados) han sido escogidas por 'representar la pluralidad en Euskadi'. Representan sólo una parte de esa pluralidad, más bien la parte constitucionalista. En definitiva, encarnan justamente la resistencia frente al intento de acabar con la pluralidad o, mejor, con el pluralismo. De modo que esas víctimas no representan «la pluralidad de las ideas políticas» en nuestra sociedad, porque entre los amenazados no se distinguen precisamente a defensores de ideas políticas abertzales. Representan sólo las posiciones críticas frente al nacionalismo, pero esto es algo que al parecer quiere disimularse.

A mi entender, hay otros graves ejercicios de disimulo. Uno de los capítulos del documento expone los resultados de una encuesta entre los escolares vascos de la ESO sobre sus actitudes ante ETA (368 y ss). Espeluznantes, pero nada sorprendentes a ojos de cualquier observador atento. Que sólo una mitad de ellos se pronuncie con claridad contra ETA y la 'kale borroka' es para echarse a llorar... y a temblar por el mañana. Que ese porcentaje descienda bastante todavía en los alumnos del modelo D tal vez debiera hacernos pensar si ese modelo, antes que una opción lingüística, supone una opción ideológica, y una opción malsana. Pero una lectura tan arriesgada no se la permiten los autores. Que casi una cuarta parte constante de alumnos reprueben a ETA en un grado nada más que «regular» manifiesta esa tibia equidistancia que seguramente habrán aprendido de sus mayores. De nada vale que los investigadores se pongan radicales y sentencien: «Con que hubiera un escolar, solamente uno, que no rechazara a ETA debiera preocuparnos». He ahí una fórmula para desentenderse radicalmente de las raíces de lo que está pasando. Dígase más bien que son los frutos de ese relativismo moral del 'todas las opiniones son respetables', 'todas las ideas son legítimas', 'no hay que juzgar a nadie' o, por favor, 'no querrá usted convencerme'. Aquel 'probido prohibir' de Mayo del 68 sigue haciendo estragos. Algunos aprovecharán la ocasión para clamar por la educación en valores (¿), pero hace ya tiempo que aquí nuestras facultades de Pedagogía y escuelas de Magisterio han prescindido de la Ética en beneficio de la Educación Vial y otras didácticas de chichinabo...

lama así la atención que los sociólogos no hayan planteado a los profesores una encuesta parecida a la de los escolares (396). A lo mejor por ahí se encontraban algunas claves de tanta perversión. Sin temor a que los resultados me desmientan, aventuro la hipótesis de que las actitudes de los profesores no iban a alejarse mucho de las de sus alumnos. Es decir, una minoría se atrevería a exponer en clase su diatriba frente al terrorismo y sus cómplices, en tanto que otra minoría mayor -y más copiosa aún en el modelo D- pregonaría ante los alumnos sus convicciones abertzales. Entre medio, claro, la mayoría optará por callarse o no levantar demasiado la voz. Y, ya puestos, uno se pregunta por el silencio de los empresarios (499). Sabemos las criminales extorsiones a las que están sometidos y nos duele imaginar sus angustias, pero eso no les concede bula para esconder sus actitudes respecto de ETA y su terror. A menos que ellos desconfíen del anonimato, estén 'au dessus de la melée' o tan sólo hayan de rendir cuentas en el tribunal del mercado.

Decir que ciertas declaraciones de Íñigo Lamarca al ofrecer su Informe, tal como las recogió este periódico (14 de julio), fueron llamativas es quedarse corto en el adjetivo. A la vista de la legión de escolares vascos afines a las propuestas terroristas, aquél sólo acierta a reconocer «un cierto fracaso en el habilitar democrático (¿)». Menos mal. Pero asombran más las declaraciones del Ararteko a propósito del encuadramiento político o profesional de las víctimas -las mortales y las amenazadas- del terrorismo. O yo no le entiendo, o él no recordaba su propio Informe, o trata de seguir disimulando; lo cierto es que se contradice a tope.

Pues el caso es que el Informe insiste en que «la inmensa mayoría de las personas amenazadas o heridas por ETA pertenecían previamente a colectivos amenazados» (478). Que también la «violencia de persecución (...) implica la amenaza de muerte y la limitación de la libertad de los miembros de algunos colectivos» (495) y que «sólo afecta a una minoría» (513). Que entre tales colectivos figuran militares, policías de todos los cuerpos, jueces, funcionarios de prisiones, miembros del PSE y del PP, a los que se añaden periodistas y directores de prensa, intelectuales, articulistas, profesores, escritores que trabajan en actividades relacionadas con la creación y transmisión de ideas (...)» (498), y es de suponer que no serán ideas abertzales. Para el Ararteko, sin embargo, «no hay fronteras ideológicas» entre los candidatos a víctima y cualquier vasco está «potencialmente amenazado» por ETA.

Más allá de la incoherencia, esa gastada tararira de que todos -desde el portavoz del PNV hasta el delegado del Gobierno- estamos en el punto de mira del terrorista cumple funciones inadmisibles. No sólo falsea palmariamente la realidad, sino que las falsas víctimas restan méritos a las verdaderas y anulan la rebelión social porque, oiga, bastante hacemos con soportar esa universal amenaza. Peor aún, sirve para cortar de cuajo la sospecha de la mayor responsabilidad de unas creencias públicas en mantener este horror, y de la indudable complicidad de unos ciudadanos cuando se amedrenta a otros conciudadanos. No nos amenaza un terrorismo indiscriminado, sino otro cada vez más selectivo. Y el Defensor de los ciudadanos vascos lo denuncia, pero debería atreverse a denunciarlo sin tantas cautelas.