Constituida la comisión del caso Bravo para fijar responsabilidades políticas

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han constituido hoy la comisión del 'caso Glass', que presidirá el socialista Julio Astudillo, quien ha confiado en esclarecer el presunto fraude cometido por el ex director de Hacienda, Víctor Bravo, y "depurar" responsabilidades políticas si fuera necesario.

La creación de esta comisión fue aprobada en pleno el pasado 30 de septiembre con el apoyo de todos los grupos y con el objetivo de investigar el presunto fraude cometido por Víctor Bravo, denunciado en julio por la Fiscalía, junto a otras cinco personas, por conceder beneficios fiscales a la empresa inmobiliaria catalana Glass Costa Este Salou, pese a no estar ubicada en el territorio.

La comisión, cuyas sesiones se celebrarán a puerta cerrada, estará compuesta por Julio Astudillo y José Morcillo, del PSE-EE; Asier Aranbarri y Joseba Antxustegi, del PNV; José Antonio Rekondo y Luis Mari Ormaetxea, de Hamaikabat; Juan Carlos Cano y Regina Otaola, del PP; y Rebeka Ubera (Aralar) y Arantza González (Ezker Batua), por parte del grupo mixto.

Consenso

Tras ser elegido presidente de esta comisión por asentimiento, Astudillo ha confiado en que predomine el "espíritu de consenso" y que el trabajo encomendado se desarrolle con el "rigor" que el asunto requiere para dar una respuesta "clara" a la ciudadanía.

La comisión ha acordado que su primera sesión se celebre el próximo 2 de noviembre y que comparezcan en ella el diputado de Hacienda, Pello González, y el director general, Pedro Ruiz de Azua, para ofrecer una primera explicación de los hechos, acompañada de la documentación necesaria.

Víctor Bravo, ex senador del PNV, está acusado por la Fiscalía de cinco delitos contra la Hacienda Pública, dos de cohecho, uno de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos.

2,1 millones de euros

Además es el hermano de José María Bravo, el principal imputado en el procedimiento penal contra el fraude detectado en la Hacienda de Irun.

El Ministerio Público imputa los mismos delitos a Rufino Eizagirre, el funcionario de la Diputación que fue jefe de la oficina técnica del gabinete del diputado general de Gipuzkoa durante el mandato de Joxe Juan González de Txabarri (PNV).

Estos dos ex cargos forales y otras cuatro personas han sido imputados de un fraude fiscal por el que lograron eludir el pago de 2,1 millones de euros a la Agencia Tributaria estatal al permitir que la empresa Glass Costa Este Salou, cuya sede estaba en Cambrils (Tarragona), tuviera un domicilio fiscal falso en San Sebastián para acogerse a cuantiosos beneficios fiscales por la aplicación de la normativa foral de Gipuzkoa.