El Gobierno Vasco asumirá el traspaso de los maestros de las cárceles

DV. El Gobierno Vasco va a asumir el traspaso de los maestros de las cárceles vascas que aún dependen de Instituciones Penitenciarias, un colectivo que se encontraba en un callejón sin salida tras años de batallas políticas entre la Administración autonómica y la central por la transferencia de las competencias de prisiones. Los nueve maestros de Martutene, Nanclares de Oca y Basauri que no pertenecen a Educación están en tierra de nadie. No tienen voz en los claustros ni pueden firmar actas y sus condiciones laborales están lejos de las de los profesores que dependen del Ejecutivo vasco y trabajan en las prisiones de Euskadi.

La viceconsejera de Justicia, Idoia Mendia, confirmó en el Parlamento Vasco la pasada semana que el Ejecutivo de Patxi López se reunirá el próximo enero con el Gobierno de Madrid para atar el traspaso de este colectivo de trabajadores. «En lo que se refiere a los centros penitenciarios, el Gobierno Vasco no va a adoptar una política del «todo o nada» o posiciones maximalistas que impidan asumir competencias que podrían mejorar de inmediato la situación de la población reclusa», argumentó Mendia. Señaló que el traspaso de competencias «debe cumplir una primera y fundamental función» de «mejorar las condiciones de vida de los hombres y mujeres que viven en el País Vasco».

Fuentes de la Viceconsejería detallaron que no esperan encontrarse con obstáculos para completar la incorporación de los maestros durante el próximo año. En estas primeras negociaciones que se desarrollarán en enero también tratarán la asunción del personal sanitario de las cárceles de Euskadi.

La iniciativa pondrá fin a diez años de incertidumbre. Estos nueve maestros pertenecían al cuerpo de profesores de EGB de instituciones penitenciarias. Un real decreto, que desarrollaba la anterior ley educativa (LOGSE), vino a normalizar la enseñanza en las cárceles y la situó bajo la responsabilidad de las administraciones autonómicas. En concreto, supuso que estos docentes de prisiones pasaran al colectivo de maestros y que se asignara a los gobiernos autónomos la obligación de garantizar la educación a la población reclusa.

Todos las comunidades han ido incorporado a estos trabajadores a sus plantillas en los últimos años, excepto Euskadi. En las negociaciones abiertas hasta ahora entre el País Vasco y la Administración central, los gobiernos nacionalistas han metido a los maestros en el paquete general del traspaso de la competencia de instituciones penitenciarias. Se convirtieron en moneda de cambio.

Esos nueve docentes de las tres cárceles vascas se quedaron atrapados en este proceso. Están en un callejón sin salida. Su situación tiene repercusiones laborales. No están autorizados a firmar actas, ni tienen voto en los claustros. Cobran menos y sus condiciones laborales son peores que las de sus compañeros que trabajan también en los tres centros penitenciarios de Euskadi y dependen del Gobierno Vasco. No se les sustituye cuando están enfermos y no pueden participar en concursos de traslados para buscar otros destinos.

Los docentes de las prisiones han planteado sus reivindicaciones a los gobiernos autónomos una y otra vez. Sin ningún resultado. «Cuando preguntábamos por qué no se nos incorporaba a Educación nos decían que era un problema de «alta política». Con el cambio de Ejecutivo tenemos esperanzas de conseguirlo», comenta Juan José, uno de los afectados.

Antigüedad

Un estudio realizado por la Viceconsejería de Justicia revela que el coste salarial de este personal -tres docentes de Basauri, cuatro en Nanclares y dos en San Sebastián- alcanzaría los 490.000 euros, si se toma en cuenta también las sustituciones. Estos profesores cuentan con antigüedades que oscilan desde junio de 1982 hasta diciembre de 1989.

El Gobierno Vasco tiene destinados a las cárceles profesores de su plantilla, adscritos a los centros de enseñanza de adultos, los EPA. En las prisiones vascas trabajan nueve maestros y seis profesores de Secundaria «propios» de Educación. Mantener ese personal supone una inversión cercana a los 780.000 euros, con lo que el coste total de la transferencia del personal docente de las prisiones es de 1,2 millones.