El Congreso aprueba un acuerdo para que los piratas puedan ser juzgados en Kenia

DV. El futuro de los dos piratas que se encuentran en España tras ser capturados cuando abandonaban el en un esquife es incierto, aunque la medida adoptada ayer en el Congreso puede marcar un nuevo camino. El pleno de la Cámara aprobó el acuerdo impulsado entre la Unión Europea y Kenia que permite la entrega a este país africano de los secuestradores detenidos en aguas de Somalia por las fuerzas de la operación multinacional Atalanta para su eventual enjuiciamiento. El convenio, que se aplica de forma provisional desde el pasado mes de marzo, contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Tiene como fin suplir la falta de jurisdicción por parte de algunos países que participan en la misión militar europea y ahora deberá ser ratificado de forma definitiva en el Senado.

En el caso de España no se descarta que los piratas y Raagegeesey puedan finalmente ser enviados a Kenia para ser juzgados allí. Y es que, a la espera de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decida en qué situación queda el supuesto menor, la normativa actual sí contemplaría tal opción. Como detalla el artículo 65.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre las atribuciones del Alto Tribunal se encuentra el encargarse de «las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivadas del cumplimiento de tratados internacionales en los que España sea parte». Es decir, existe una base legal a la que pueden acogerse los 18 magistrados que tomarán la decisión final sobre los detenidos.

Reunión con De la vega

Ya existen antecedentes este mismo año. De hecho, los 13 piratas capturados el pasado mes de mayo por el navío militar al zozobrar y volcar su embarcación fueron entregados finalmente a Kenia.

Para hacer frente a la piratería que opera en las aguas del océano Índico, varias armadoras de Bermeo propietarias de atuneros con pabellón español ya se han puesto en contacto con empresas de vigilancia para que les informen sobre su 'modus operandi' y su disposición para contar con personal capacitado a corto plazo.

Las firmas atuneras vascas confían en que el Gobierno de Zapatero modifique hoy mismo la Ley de Seguridad Privada, lo que les permitirá embarcar guardas con «armamento de guerra» que disuadan los constantes intentos de abordaje que sufren ya a más de 500 millas de las costas de Somalia.

Los representantes de las asociaciones pesqueras Anabac y Opagac se reunirán esta tarde con la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, para detallar los términos de la modificación de la ley.

Entretanto, varias unidades de la flota atunera se mantienen amarrados en Puerto Victoria (Seychelles), refugiadas del acecho de los piratas, a la espera de las decisiones que se tomen en España sobre su seguridad. «A partir de que se dé el cambio normativo tendremos que pensar bien a quién contratar para que haga uso de las armas, porque no se puede embarcar a cualquier vigilante», manifestó Julio Morón, gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores.