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ARANTXA ALDAZ aldaz@diariovasco.com
Miércoles, 13 de enero 2010, 08:08
El nuevo mapa de ayudas sociales de Euskadi, que reordena todas las prestaciones existentes, ya expone su primera 'obra': la prestación complementaria de vivienda, nombre con el que el Gobierno Vasco ha bautizado a la ayuda que beneficiará a 16.200 vascos con rentas bajas para pagar el alquiler del piso.
El subsidio, que tendrá carácter retroactivo a 1 de enero de este año, se convierte en un derecho subjetivo, al mismo nivel que la renta de garantía de ingresos -antigua renta básica- y, por lo tanto, podrá ser exigida por ley ante un juez. La ayuda será de 250 euros al mes con carácter general y de 320 euros para las familias con dos o más hijos menores, o en las que alguno de sus miembros esté buscando empleo. Eso sí, sólo la podrán cobrar quienes perciben la renta básica, a quienes se les ingresará la cuantía correspondiente al primer mes de enero de forma automática.
En realidad, la prestación no es tan novedosa en sentido estricto, pues viene a sustituir a las ayudas de emergencia social (AES) destinadas al alquiler. Según explicó ayer la consejera de Empleo y Política Social, Gemma Zabaleta, estas ayudas, pensadas para gastos urgentes como la reparación de la vivienda, la compra de un electrodoméstico o ropa, habían perdido su función original ya que la mayoría (hasta el 80%) funcionaba en la práctica como una suma mensual para pagar al casero.
La prestación de vivienda es uno de los aspectos clave de la Ley de Garantía de Ingresos, pactada por el grupo socialista con el tripartito del anterior Gobierno de Ibarretxe, aunque su desarrollo normativo ha necesitado de varios meses de trabajo, hasta este año. La ayuda, pues, corrige esa situación anómala que había desvirtuado el sentido de las AES y quita, además, un quebradero de cabeza a los ayuntamientos que son los encargados de repartir los subsidios. Sólo el año pasado, el número de perceptores de estas ayudas extraordinarias creció un 40%, de los 27.300 a los 38.000 en toda Euskadi. Y, aunque es el Gobierno Vasco el que financia las ayudas, cuando se acaban estos fondos, son los municipios los que tienen que cubrir esa partida extra, con el handicap de contar con unos presupuestos constreñidos por la crisis. Ahora, el importe para afrontar el pago del alquiler no se agotará pues, de acuerdo al carácter subjetivo de la ayuda, el Gobierno Vasco deberá asegurar el dinero para que «nadie que la necesite se quede al margen». En un principio, este año parte con 43,1 millones para tal fin, ampliables en el caso de que haya nuevas familias en situación de desprotección.
El Departamento de Zabaleta ha hecho cálculos y cree que la prestación de vivienda no supondrá un gasto extra excesivo, ya que lo que en realidad se producirá, explicaron fuentes de la consejería, es un trasvase de los perceptores de las AES a este nuevo subsidio.
Contra los pisos 'patera'
Evitar el fraude ha sido uno de los objetivos que ha marcado la elaboración del decreto con el que entra en vigor la prestación. Zabaleta explicó que se limitará el subsidio a un máximo de dos familias por piso, de forma que no se acumulen las ayudas en un mismo domicilio. «El Gobierno estará vigilante y será cuidadoso para que nadie utilice el sistema para sacar provecho ilícito de las prestaciones o de las personas que las perciben», dijo la consejera en referencia a los pisos patera, en los que se acumulan varios beneficiarios de ayudas, según especificó la titular.
Ese mismo requisito se exigirá con la renta de garantía de ingresos, antigua renta básica, en el decreto que el Gobierno Vasco aprobará previsiblemente el próximo mes. «Queremos que las prestaciones lleguen a todas las personas que las necesiten, pero de una manera ordenada», concluyó Zabaleta.
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