Las propuestas enfrentadas sobre las subordinadas de Eroski y Fagor impiden un acuerdo en la Cámara

Las diferentes propuestas que han defendido hoy en el pleno del Parlamento Vasco los grupos para buscar soluciones para los afectados de las aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor han impedido un pronunciamiento de la Cámara sobre este asunto.

El debate en la sesión plenaria sobre estos productos financieros ha sido impulsado por PSE-EE y UPyD, pero no ha salido adelante ni la enmienda consensuada entre ambos partidos, ni la de EH Bildu. El PNV también tenía una enmienda a la totalidad pero no se ha votado.

Buena parte del debate se ha centrado en el papel de Kontsumobide en relación a su mediación sobre este asunto.

EH Bildu, PSE-EE y UPyD han denunciado que Kontsumobide haya avalado la propuesta de Eroski a los titulares de sus aportaciones financieras subordinadas para liberarles de esta deuda perpetua mediante una operación que implica una quita del 30% de la inversión. El PNV, por su parte, considera que el Instituto Vasco de Consumo únicamente ha hecho una labor de mediación.

Eroski planteó en concreto canjear las aportaciones financieras por bonos a 12 años por un valor del 55% de la inversión y una remuneración anual del euribor más el 3%, así como un pago en metálico del 15 % de lo invertido, lo que implica la citada quita.

Incluso el parlamentario de EH Bildu Igor López de Munain ha advertido al Gobierno Vasco de que si avala esta propuesta pedirán la reprobación del consejero de Salud, Jon Darpón.

PSE y UPyD, en su enmienda consensuada que no ha sido aprobada, han reclamado que en estos casos de "estafa" actúe la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y que se inste a la Fiscalía a que investiguen las situaciones "abusivas" en la emisión y comercialización de las aportaciones.

También han mostrado su rechazo a la actuación de Kontsumobide y del consejero de Salud, Jon Darpón, por "desalentar" a los afectados a acudir a la vía judicial para defender sus derechos y han instado al Gobierno Vasco a que cree un servicio de atención a los perjudicados donde se les faciliten los medios necesarios para poder ejercer cuantas actuaciones judiciales pertinentes.

Tanto Gorka Maneiro (UPyD) como Txaro Sasasua (PSE-EE) han acusado al Gobierno Vasco de renunciar a la defensa de los afectados.

Igor López de Munain (EH Bildu) ha defendido la enmienda de su grupo en la que ha pedido al Gobierno Vasco a que presente en el plazo de un mes el canal de apoyo a las iniciativas judiciales que pongan en marcha los afectados, tal como acordó la Cámara el pasado 6 de junio.

Asimismo, en su enmienda que no ha salido adelante, EH Bildu ha instado al Gobierno Vasco a no admitir la posibilidad de canjear estas aportaciones subordinadas por otras aportaciones financieras, como ha propuesto Eroski y ha avisado de que solicitará la reprobación de Darpón si se avala el canje propuesto por la cooperativa.

Asimismo la coalición abertzale ha pedido que el Gobierno Vasco presente en este periodo de sesiones la nueva Ley de Cooperativas en la que las aportaciones subordinadas "no tendrán cabida como sistema de financiación de las cooperativas".

Desde el PNV, el parlamentario Luis Javier Telleria (PNV) ha defendido que tanto Kontsumobide como el consejero de Salud han actuado "con rigor" en su labor de mediación con Eroski y los bancos que comercializaron las subordinadas.

Al final de su intervención, Telleria ha tachado de "extraños o frikis" los autos judiciales que se están produciendo en torno a las aportaciones.

Responsabilidad

Estas declaraciones se producen después de que ayer el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de la capital vizcaína, Marcos Bermúdez, dictara un auto aclaratorio en que establece que Eroski deberá asumir parte de los "efectos" de la anulación de los contratos de las subordinadas que emitió y devolver a BBVA los importes de esas aportaciones que la entidad comercializó.

El PNV defiende que el Gobierno Vasco haga un seguimiento del acuerdo de canje planteado por Eroski y los bancos comercializadores, y que medie en los casos en los que la situación socioeconómica de los afectados sea delicada.

Anton Damborenea (PP), por su parte, ha opinado que la comercialización de las subordinadas no es estafa aunque ha reconocido que es posible que algunos de los compradores no supieran los riesgos que conllevaban estos productos.

En relación al canje propuesto de Eroski, ha dicho que "nadie" está obligado a aceptarlo.