La Hacienda de Gipuzkoa deberá devolver a Kutxabank 21 millones

El Tribunal Supremo ha dado la razón a Kutxabank y ha eximido al banco de abonar a la hacienda guipuzcoana más de 21 millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades de 2001 a 2005 por las participaciones que Kutxa poseía de Repsol YPF a través de la sociedad Repinves.

La sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, dada a conocer este lunes, anula una resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de mayo de 2011, que venía a dar la razón a un acuerdo de la Hacienda guipuzcoana que había ordenando la liquidación por valor de algo más de 21 millones en concepto de Impuesto de Sociedades entre los años 2001 y 2005 por las participaciones que la caja guipuzcoana poseía de Repsol a través de Repinves, sociedad constituida junto a La Caixa y Caixa Cataluña.

La resolución judicial recurrida por Kutxabank ante el Supremo consideraba que Repinves no se constituyó para llevar a cabo una actividad en común, sino que era el medio que hizo posible una tenencia formal de más del 5% de las acciones de Repsol para beneficiar a dos de sus socios.

En concreto, establecía que la titularidad directa de las acciones de la petrolera por parte de la entidad financiera hubiera supuesto un resultado tributario muy superior al logrado a través de la sociedad. En este sentido, aludía a las "ventajas fiscales" obtenidas por Kutxabank a través de una sociedad "de mera tenencia formal de participaciones y no de una sociedad de gestión activa de las mismas" y estimaba que se producía una situación de "fraude de ley".

No obstante, el Tribunal Supremo considera en su resolución "contradictoria" la declaración de fraude de ley con la actuación inspectora previa llevada por la Hacienda guipuzcoana, por lo que estima el recurso de kutxabank contra la resolución del TSJPV y anula ésta.

Asimismo, acepta el recurso contencioso-administrativo del banco y anula los acuerdos del director general de hacienda de la Diputación de Gipuzkoa y de la subdirectora general de Inspección foral que ordenó las liquidaciones por valor de algo más de 21 millones de euros.