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El Parlamento Vasco atribuye responsabilidades a cargos del PNV en Epsilon

Epsilon recibió unos 48 millones de euros en ayudas de varias administraciones públicas, entre ellas de los gobiernos vasco y central, lo mismo que Hiriko, que obtuvo unos 16 millones

EFE

Jueves, 2 de octubre 2014, 14:44

El Parlamento Vasco ha respaldado el dictamen de la comisión de investigación que atribuyó responsabilidades políticas a cargos del PNV que ocupaban cargos en el Gobierno Vasco y en las tres diputaciones forales en 2007 por el fallido proyecto automovilístico Epsilon.

Todos los grupos parlamentarios (EH Bildu, PSE, PP y UPyD) a excepción del PNV han votado en el pleno de esta mañana a favor del dictamen de esta comisión creada en la Cámara para aclarar si fueron ajustadas a derecho las ayudas públicas que recibieron dos proyectos que fracasaron: Epsilon, que nació para competir en Fórmula 1, e Hiriko, que pretendía comercializar un coche eléctrico.

Epsilon recibió unos 48 millones de euros en ayudas de varias administraciones públicas, entre ellas de los gobiernos vasco y central, lo mismo que Hiriko, que obtuvo unos 16 millones.

El dictamen ratificado hoy atribuye responsabilidades políticas a cargos del PNV que en 2007 estaban en el Gobierno Vasco y en las tres diputaciones forales por declarar como estratégico el proyecto Epsilon , sin tener "sólidos" fundamentos industriales y comerciales y sabiendo además que existía un riesgo alto de que no lograran sus objetivos.

Responsabilidades

Las personas a las que se achacan responsabilidades políticas en Epsilon, que no se mencionan expresamente en el dictamen aprobado el pasado julio y ratificado hoy, son las que formaban parte del Consejo Vasco de Promoción Económica (órgano que reúne al Gobierno Vasco y a las diputaciones) que en 2007 estaba presidido por la entonces consejera de Industria del Gobierno de Juan José Ibarretxe (PNV), Ana Agirre, actual viceconsejera de Justicia en el Ejecutivo de Iñigo Urkullu.

Algunas de las personas que integraban ese órgano ejercen como altos cargos del actual Gobierno autonómico, como Arantza Tapia, entonces diputada de Movilidad de Gipuzkoa y actual consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, quien pese a no asistir a la reunión en la que se respaldó a Epsilon, delegó su voto en Ana Agirre.

El dictamen determina que también tienen responsabilidades políticas -aunque no especifica los nombres- quienes integraban el Consejo de Administración del Parque Tecnológico de Álava, entre ellos cargos del PNV como Alfredo de Miguel, exdiputado alavés principal imputado en el denominado "caso de Miguel", una presunta trama de cohecho y blanqueo de capitales.

Reacciones

Durante el debate, el parlamentario de PNV Luis Javier Tellería ha censurado el documento ratificado hoy porque, según ha dicho, está "plagado de verdades parciales" que llevan a "conclusiones tramposas" con el objeto de dar "sensación" de un "gran desastre en la gestión" cuando todos los grupos saben que "si bien se pudo hacer mejor, mal no se ha hecho".

Igor López de Muñain (EH Bildu) ha dicho que ha quedado constancia de que Epsilon e Hiriko fueron proyectos "vacíos" que sólo buscaban "fondos públicos". También ha reiterado la necesidad de que el informe aprobado hoy hubiera incluido los nombres de los responsables políticos y ha opinado que la "vergonzante" actitud "obstaculizadora" del PNV y el PSE ha impedido que el texto "no sea completo".

Vicente Reyes (PSE) ha defendido la validez del dictamen tal y como se ha aprobado hoy y ha asegurado que los socialistas son "intransigentes con cualquier forma de corrupción o de falta de transparencia en las instituciones públicas"

Carmelo Barrio (PP), quien fue presidente de la comisión de investigación, ha indicado que Epsilon e Hiriko son ejemplos de apuestas que han estado al "margen de la realidad" y ha insistido en la necesidad de "garantizar la transparencia y el rigor" en los procesos de adjudicación de fondos públicos a proyectos empresariales privados.

Gorka Maneiro (UPyD) ha respaldado el dictamen a pesar de que ha considerado que es "excesivamente suave y moderado" porque no incluye los nombres de responsables políticos ni recoge la responsabilidad que pudiera haber tenido el Gobierno central.

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