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Alexis Algaba
Lunes, 26 de diciembre 2016, 07:13
Pónganse por un momento, los que no lo son, el traje de empresario. Piensen que tienen una plantilla de 46 empleados y en su declaración del Impuesto de Sociedades cuentan por ser una empresa pequeña con una serie de incentivos fiscales. Ven que en esta coyuntura de recuperación y para ganar en competitividad y garantizar más carga de trabajo necesitan incorporar a cinco nuevos empleados. Cuando lo va a hacer, su asesor le comunica que si ejecuta la operación pasará a ser una empresa mediana y perderá ciertas rebajas en su declaración del IS. ¿Qué haría? Esa misma encrujidada, advierten los expertos, la llevan sufriendo las empresas guipuzcoanas desde que la recuperación ha tomado cuerpo. Y es que los mensajes sobre la necesidad de ganar tamaño para ser más competitivos han calado, pero estiman que desde el ámbito de la fiscalidad existen todavía algunos resortes que se deberían activar para facilitar esta adaptación.
Estas empresas se miran en el espejo estatal para realizar la comparativa. En territorio común, el Impuesto de Sociedades apenas tiene en consideración el tamaño para que el negocio rinda cuentas con el fisco. Así y observando solo el tipo general aplicable del 25%, en España se considera pyme a aquella empresa que facture por debajo de los 10 millones de euros. Es decir, no se tiene en cuenta la cifra de empleados en plantilla sino el negocio que genera. Además en el Estado combinando algunos incentivos (capitalización) ese tipo efectivo baja hasta el 20,25%... Pero esa es otra cuestión. A lo que vamos. En Gipuzkoa y en Euskadi, el tipo general para las pequeñas empresas es del 24%, pero también se exige que estas empresas tengan menos de 50 empleados para ser consideradas como tales. De esta forma, volviendo al ejemplo inicial, si mi empresa necesitara incorporar cinco nuevos trabajadores, en España mientras siguiera facturando menos de 10 millones de euros seguiría siendo considerada pyme, mientras que en Gipuzkoa al sobrepasar el medio centenar de empleados pasaría a formar parte de grupo de grandes o medianas empresas, lo que además de provocar una pérdida en ciertas deducciones a las que tienen acceso las firmas de menor tamaño también me llevaría a tener que tributar con un tipo general del 28%.
«A veces es un contrasentido a la hora de estimular la creación de empleo en las empresas y fomentar su crecimiento, que se tengan incentivos fiscales que se limiten al tamaño». Victor Etxeberria, socio-asesor fiscal de Sayma, firma guipuzcoana, que cuenta en Euskadi con un portfolio de clientes cercano al millar de empresas -una buena muestra del entramado empresarial e industrial vasco-, coloca esta cuestión como una de las que más preocupa a las firmas guipuzcoanas en los últimos años, sobre todo desde este 2016 cuando Euskadi, por primera vez en mucho tiempo, tiene los tipos más altos en el Impuesto de Sociedades. Etxeberria apunta que las empresas valoran mucho y positivamente el sistema de deducciones fiscales vigente en Gipuzkoa, sobre todo para inversiones a la I+D+i o en el propio empleo, pero confirma que a veces la competitividad de las compañías pasa por ganar tamaño por lo que se solicita que se atienda más al resultado que a la cifra de personas contratadas. «Es una especie de freno, no estimula la creación de empleo y la empresa se ve abocada a subcontratar personal o a echar mano de ETT para cubrir sus necesidades», subraya.
Los plazos y los cambios
En estos últimos meses del ejercicio, las empresas se afanan en cerrar las cuentas y explorar todas las posibilidades existentes para dirigir sus inversiones y saber, aproximadamente, la factura que tendrán que abonar el próximo año al fisco. Desde mediados de noviembre se multiplican las visitas de los asesores fiscales de confianza a las empresas y también los eventos en los que participan asesorías o consultoras de todo tipo para agrupar las novedades fiscales que cada territorio tiene previstas implementar o que ya ha implementado en lo que a Impuesto de Sociedades -sobre todo-, se refiere. En este sentido, y como apuntan varias de las firmas más relevantes del sector, la variedad de novedades que se implementan en cada territorio vasco y las diferencias en el calendario de cada uno de ellos llevan al enfado y a la frustración en muchos casos.
«Nos preocupa mucho la tendencia en Gipuzkoa de aprobar ciertas medidas en el último trimestre del ejercicio y con carácter retroactivo pese a ser beneficioso», confiesan la mayoría de ellos. Y es que aunque a través de circulares vayan anticipando a las empresas con las que trabajan los anteproyectos de norma en los que trabaja cada Diputación, hasta la entrada en vigor de las modificaciones no pueden activar los mecanismos oportunos para que las compañías o los empresarios que asesoran puedan realizar el movimiento que deseen sobre la norma. Uno de los últimos ejemplos de los que hablan es el de norma que facilita la inversión privada en I+D+i con el traslado de las deducciones a las empresas que financien estos proyectos.
«No es lo más oportuno que en Gipuzkoa se apruebe la norma a comienzos de noviembre y con carácter retroactivo a enero de este año, en Bizkaia la aprueben en julio y con aplicación a partir de 2017 y en Álava todavía no lo contemplen. Las empresas necesitan mayor seguridad jurídica», describe Victor Etxeberria. Las firmas reclaman una armonización en todas estas medidas, ya que además al no ser aprobadas por todos los territorios y con calendarios distintos de aplicación surgen una serie de dudas de difícil aclaración. ¿Qué podría pasar si a una empresa de Gipuzkoa le interesa invertir en el proyecto de una 'startup' con sede en Álava? ¿Desarrollador y financiador deben estar sometidos a la misma normativa del IS? Diversas cuestiones que a los asesores les es difícil responder antes de que concluya el ejercicio para que las empresas interesadas se acojan a la nueva normativa.
Además, otro factor impide que en este 2016 ninguna empresa guipuzcoana pueda acogerse a los beneficios de este cambio legislativo que brinda la posibilidad a los inversores de beneficiarse de las deducciones por I+D+i de los proyectos que financie con un límite del 120% de la inversión y una rentabilidad neta después de impuestos del 14,4%. Esa premisa no es otra que la necesidad de un certificado de la Spri para confirmar que la actividad es efectivamente de I+D+i. Un informe que, según apuntan diversos asesores, puede demorarse alrededor de los tres meses, por lo que ya nos situaríamos en 2017 para que cualquier proyecto se pueda acoger a los beneficios. Por otro lado, existe una pequeña duda en torno a los informes sobre innovación tecnológica, es decir la i pequeña de la I+D+i. Según apuntan algunos asesores, la Spri no emitiría certificados sobre esta cuestión, o al menos hasta el día de hoy no lo hace, algo de lo que en Bizkaia se encarga el BEAZ. En Gipuzkoa, de momento, no existiría un sociedad pública similar para validar esos proyectos, por lo que la Diputación debería crear uno o delegar esa labor, o que la SPRI comience a emitir dicho certificado. Más de un centenar de empresarios acudieron a la jornada celebrada recientemente en Adegi, impartida por Sayma, en torno a esta modificación fiscal, por lo que el interés que ha suscitado la norma en el territorio ha sido considerable.
Hambre inversora
«Hay que transmitir que las medidas hay que tomarlas con tiempo y dejar a los afectados su plazo para que puedan acogerse también», acierta a solicitar a la Diputación Etxeberria, como mensaje compartido por las empresas a las que asesora a la hora de realizar sus declaraciones al fisco. En este ejercicio las principales novedades en materia fiscal que afectan a las empresas no han sido completamente armonizadas con el resto de territorios, por lo que «aunque los matices no sean significativos, las diferencias entre zonas tan pequeñas no benefician». Y es que además de las bonificaciones a la inversión en I+D+i, las modificaciones en el IRPF y Sucesiones para apoyar la entrada de los trabajadores en la propiedad de la empresa se han aprobado en diciembre en Gipuzkoa y solo se han trasladado a Álava. Y la desaparición del Patent Box interno por la utilización de la marca propia solo se ha aprobado en nuestro territorio mientras los vizcaínos matienen este incentivo fiscal. Cuestiones que no tienen una entidad demasiado relevante pero que creean malestar en el empresariado por su falta de consenso entre los territorios. «No ponemos en duda que las normas ni su alcance sean buenas, que nos parece que sí que lo son, pero a los empresarios les preocupa la inseguridad y en su caso la falta de armonización completa entre todos los impuestos», apostilla Etxeberria.
Los asesores de compañías guipuzcoanas confiesan que la salud de las mismas es notablemente mejor que hace unos años, lo que ayuda a que su hambre inversora haya crecido en cierta medida, tendencia que se observa de manera clara en los incentivos fiscales por inversión a los que ha tenido que responder la Hacienda de Gipuzkoa en la última campaña. Así, en la campaña de Sociedades 2015, 1.195 empresas han invertido en activos no corrientes nuevos, por una cuantía total de 505,3 millones de euros. Dos ejercicios antes, en 2013, apenas 544 firmas se acogieron a las deducciones por esta inversión y solo arriesgaron 276 millones, de ahí que el crecimiento haya sido apreciable. La deducción aplicable en la campaña fue de cerca de 50 millones de euros por los 26,7 de hace dos ejecicios.
Actualmente, las deducciones por inversión en Gipuzkoa se reducen a cuatro, principalmente y como más habituales. La ya mencionada en activos no corrientes nuevos, el I+D+i, las inversiones y gastos para la conservación y mejora del medio ambiente y la creación de empleo indefinido. En 2015, 98 empresas se acogieron a los beneficios en innovación tecnológica tras aportar 37,5 millones, y 1.113 compañías recibieron ayudas por incorporar nuevo personal. «Se ha reactivado el hambre inversora, pero con moderación. Eso sí, las empresas saben que sin inversión no hay mejora de la competitividad», explica Victor Etxebarria.
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