Casi once años de pleitos y la multa no cubre ni la mitad del gasto en abogados

Se dice que la justicia lenta no es justicia y mucho menos si el resultado final no es del todo satisfactorio. Lo puede confirmar el empresario Jesús Prieto, máximo responsable del grupo CT, que ha estado casi 11 años pleiteando para probar que en 2006 varios directivos de sus filiales en Euskadi montaron una empresa con el mismo modelo de negocio que la suya -soluciones informáticas y de ingeniería para sectores como aeronáutica y automoción- tras apropiarse de bases de datos y software, además de llevarse clientes y empleados. Finalmente ha ganado aunque la multa impuesta, de 175.000 euros, no compensa ni la mitad de lo que se ha dejado en abogados y peritos. «Más de 350.000 euros», afirma. Aún así, él se siente resarcido moralmente. «Mi objetivo no era que me pagaran sino que no salieran de rositas. Que lo sepan clientes y trabajadores», señala.

Asegura Prieto que este asunto ha sido uno de los que más le han desgastado desde que en 1988 fundó la empresa Cadtech -hoy CT Solution Group-, tras volver de Alemania. Aunque en el verano de 2006 ya comenzó a sospechar algo, todo se destapó cuando cuatro directivos de su confianza en Euskadi se marcharon al mismo tiempo, en septiembre de ese año. Observó con asombro cómo al cabo de pocas semanas ponían en funcionamiento una empresa con sede en Derio, RDT Ingenieros, que se dedicaba exactamente a lo mismo, con clientes y empleados que se habían llevado. Y es que cuando la nueva compañía echó a andar, un 90% de la plantilla -32 trabajadores- procedía de su firma.

Empezó entonces su periplo en los tribunales. Primero acudió a la vía Penal, pero le desviaron al Mercantil de Bilbao. El primer juez que vio el caso se inhibió porque tenía relación con el líder de los directivos demandados. El segundo declaró prescrito el expediente y la Audiencia Provincial de Bizkaia le avaló. Prieto apeló entonces al Supremo, que rechazó la prescripción y obligó a esta última instancia a entrar en el fondo del asunto. Por fin en 2014 llegó la sentencia que le daba la razón. Pero ahí no acabó todo. Primero tuvo que esperar a que el Supremo la ratificara y luego ha tenido que pelear duro para que se cumpla la parte que obliga a los condenados a publicar el fallo en un periódico para que todos lo vean.

Aunque sea en enero de 2017, para él es una gran satisfacción que se conozca la sentencia que avala sus acusaciones al condenar a los demandados por violación de secretos empresariales y conductas contrarias a la buena fe. Los magistrados consideran probado que «desde los primeros meses del año 2006», el cabecilla de los directivos «en horas de trabajo y utilizando medios de las empresas para las que trabajaba, realizó los preparativos para la puesta en funcionamiento de una empresa con la misma actividad que las del grupo CT». Para ello, se «realizaron copiados masivos de programas y bases de datos».

Éxito desde el primer día

Según explica Prieto, además de copiar software exclusivo protegido con licencias, se llevaron información clave como por ejemplo la histórica sobre los programas que se habían vendido a cada uno de los clientes y las soluciones que se habían dado a cada una de las incidencias. «Sólo así se explica que pudieran poner en marcha un nuevo negocio con éxito desde el primer día», denuncia.

Tal como él dice, RDT Ingenieros ha tenido una trayectoria meteórica desde que empezó en 2006. Ha conseguido clientes de la envergadura de ITP, de cuya mano ha salido al exterior y se ha establecido en Gran Bretaña. Según han relatado sus responsables en distintos foros, para sus inicios contaron con el apoyo de BEAZ, un organismo dependiente de la Diputación de Bizkaia, que en 2014 le concedió un premio a la internacionalización. En la actualidad la empresa de los demandados y las del demandante siguen compitiendo en el mismo mercado y por los mismos clientes. Pero Prieto tiene la satisfacción de que, aunque tarde, ha ganado en los tribunales.