Cientos de abogados preparan ya demandas millonarias para los accionistas del Popular

El mecanismo utilizado por el Banco Central Europeo para resolver el problema no es la única novedad que ha deparado la crisis del Banco Popular. El 'día después' del 'tres en uno' -intervención, amortización completa del capital social y venta por un euro-, fue ayer el escenario de otro hecho insólito: una auténtica avalancha, cientos de abogados en España, decenas de redes de letrados del país, han iniciado una campaña no menos fulgurante para captar negocio. El mensaje es muy claro: Señores accionistas, aquí hay tajada y materia suficiente para pleitear. ¿Vamos a por ello?

Lo sucedido en el sector de la abogacía española en las últimas horas demuestra que los letrados, como ya ocurre en Estados Unidos, comienzan a funcionar con mentalidad de empresario. Allí donde tú ves un problema, el empresario ve una oportunidad de negocio. «El Banco Popular ha sido confiscado, es un expolio, es un robo», clamaba ayer el mediático abogado madrileño Javier Cremades -entre sus méritos figura el haber organizado un colectivo europeo de afectados en el 'caso Madoff' para pleitear en Estados Unidos-, que ya ha conseguido un récord en esta guerra. Ha sido el primero en presentar una denuncia relacionada con el caso, en representación de algo más de 300 pequeños accionistas, para que la Fiscalía Anticorrupción analice la gestión del expresidente de la entidad Emilio Saracho y su equipo.

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Muchas cosas han cambiado desde que en 2001 el Estatuto de la Abogacía permitiese a los letrados recurrir a la publicidad para captar clientes -hasta entonces lo tenían terminantemente prohibido- y desde que en 2008 el Tribunal Supremo autorizase la 'cuota litis'. Esto es, la posibilidad de que los abogados trabajen a comisión y sólo cobren un porcentaje de la 'tajada' que puede obtener el demandante en el proceso judicial. Los casos Bankia, las polémicas preferentes y las cláusulas suelo han popularizado el pleito contra las entidades financieras. Arriaga Asociados ha hecho lo propio con la publicidad asociada a estos procesos, en una especie de 'anímese, vayamos al juzgado y sólo cobro si usted gana'.

En las últimas horas muchos despachos en España han comenzado a lanzar mensajes similares por los cauces más variopintos. Los accionistas fueron engañados para acudir a sendas ampliaciones de capital con una contabilidad que no reflejaba el estado real de la entidad; incluso les colocaron créditos del propio Popular para financiar la ruinosa adquisición de las acciones. También está la argumentación de Cremades -«es una expropiación» y debe haber por tanto un justiprecio- para conformar los argumentos básicos sobre los que se ha lanzado la campaña de 'marketing' legal. «Las cuentas utilizadas para realizar la ampliación no eran correctas», asegura el abogado bilbaíno de la red Lean, que ya ha celebrado incluso ruedas de prensa en varias capitales para animar a la reclamación. Las estimaciones ofrecidas por este despacho cifran en 20.000 los afectados por la venta del Banco Popular al Santander en el País Vasco, en su gran mayoría pequeños accionistas e inversores, con unas pérdidas torales de 190 millones de euros.

¿Quién empuja?

«No es una caza y captura del cliente -aseguraba ayer una portavoz de Arriaga y Asociados-, sino la respuesta a una demanda real de los accionistas. No son los abogados los que nos estamos ofreciendo, sino los afectados los que reclaman nuestra actuación». Este mismo despacho señalaba, sin embargo, que «por el momento todo está en estudio y no está decidida la forma en que se va a actuar». ¿La demanda se dirigirá al BCE, al antiguo consejo de administración, al Banco de Santander, a la CNMV como responsable subsidiaria? ¿Serán demandas civiles, mercantiles o de responsabilidad social? Quizá haya un poco de todo a la vez. La nómina de 300.000 accionistas teóricamente afectados da para mucho. Los aproximadamente 1.300 millones en que estaba valorada la entidad en el momento de la intervención; los 1.250 millones en bonos convertibles y los 684 millones de deuda subordinada, todo ello volatilizado, son un pastel jugoso.

Mientras tanto, las grandes firmas de abogados ya han anunciado que no entrarán en esta batalla. Los Uría & Menéndez, Baker McKenzie, Clifford Chance, Garrigues, Linklaters o Cuatrecasas y otros más de las primeras filas del 'ranking' jurídico estatal, se mantendrán al margen. La razón es simple: todos trabajan habitualmente para entidades financieras. Pero el asunto les va a generar no pocos quebraderos de cabeza, porque importantes clientes suyos, grandes fortunas para las que habitualmente operan como asesores, especialmente en el área fiscal, sí van a querer litigra para recuperar algo de lo perdido en las acciones del Popular.