Cataluña pone en riesgo la rebaja de los costes eléctricos a la industria vasca

Cuando la industria pesada vasca empezaba a confiar en que en 2018 su tarifa eléctica iba a asemejarse a la de la mayor parte del Estado, solventando así una reivindicación histórica, el tejido económico catalán –apoyado por el propio Govern y ayudado por el altavoz del Síndic de Greuges (defensor del pueblo)– ha puesto en riesgo esa posibilidad pactada en el acuerdo presupuestario firmado por PP y PNV. El Síndic solicitó en julio a la Comisión Europea que investigase si la reforma del peaje eléctrico puede esconder «una ayuda de Estado encubierta» y la apertura de ese análisis ha salido este viernes a la luz después de que lo anunciara una emisora afín a los jeltzales. La Comisión Europea, tal y como ha podido conocer este diario, confirma la presentación de ese recurso.

El caso, que ha provocado una oleada de indignación en el Gobierno Vasco y en la patronal, condiciona seriamente la aprobación de esa modificación tarifaria para el próximo curso, ya que el propio ministro de Energía, Álvaro Nadal, supeditó su aceptación a que fuera validada tanto por la Comisión Europea como por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Pero vayamos al grano de las reivindicaciones de unos y las quejas de otro que nos han llevado a este estado. Todo parte de la reivindicación de la industria vasca frente a una «discriminación histórica» que suponía un sobrecosto de 100 millones de euros en su tarifa eléctrica en comparación con otras regiones del Estado. En el año 2013 se corrigió la mitad del ‘agujero’, y la segunda parte, se pretendía subsanar en 2018 gracias al pacto presupuestario alcanzado entre PP y PNV.

Ambos acordaron suprimir la tarifa 6.1b, que es la que pagan las empresas para tensiones de entre 30 y 36 kV, y que pasarán de pagar 26,42 euros el megawatt por hora a pagar 14,97 euros. Esta modificación no solo beneficia a 170 de las 200 empresas más importantes de la industria vasca, sino que además también se pueden acoger compañías de Navarra, Andalucía, Cantabria o Asturias.

Pero no las catalanas, ya que el cambio de tarifa energética no contempla su aplicación en el tramo de tensión de 25 kV, en el que ellas están incluidas. Según denuncian, la decisión de no incluir en el acuerdo a las empresas que están en redes de 25 kV mantendrá el sobrecoste aproximado de 200 millones de euros al año para 3.277 empresas catalanas que a principios de junio presentaron su queja al Síndic.

El defensor del pueblo catalán solicitó en julio a la Comisión Europea la investigación de la reforma, ya que «puede esconder una ayuda de Estado encubierta». La institución señala que también se ha dirigido al Ombudsman Europeo y a la Red de defensores europeos de la energía (NEON) para que investiguen la supuesta «discriminación».

Sin embargo no han sido los únicos que han levantado la voz en Cataluña, ya que las quejas de los empresarios también han sido apoyadas por la propia Generalitat. Y es que a mediados de mayo el conseller de Empresa –cesado en julio por Puigdemont–, Jordi Baiget, exigió por carta al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que esa medida no recayese sobre el resto de empresas y consumidores.

Nadal, por tanto, ya lleva varios meses sobre aviso del posicionamiento catalán, de ahí que en junio adviertiera en el V Foro Económico de Gipuzkoa que «hay cierta discusión y recelos competenciales que complican la cuestión». El ministro, eso sí, afirmó que pelearía «a la bayoneta» en Bruselas para sacar adelante el pacto.

Eso espera el Gobierno Vasco, que enseguida ha mostrado su «preocupación y sorpresa» por la denuncia catalana. El viceconsejero de Industria, Javier Zarraonandia, ha insistido en que lo que se persigue «no es ningún trato de favor para la industria vasca» y ha pedido a la Generalitat que defienda «sus intereses» sin «perjudicar a los demás». Desde Confebask se apunta que el recurso crea «inseguridad jurídica» para las compañías vascas.