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ANA BARANDIARAN
Jueves, 14 de septiembre 2017, 16:36
Por fin han llegado las primeras sentencias de los juzgados de refuerzo que se crearon en las tres capitales vascas - y del conjunto de España- para atender los casos relacionadas con cláusulas bancarias abusivas. Las firma desde Bilbao la jueza en prácticas Laura Marín, la primera en incorporarse al tribunal, y constituyen todo un espaldarazo para los consumidores, ya que atiende casi de modo íntegro sus demandas. También son un impulso para los despachos de abogados dedicados a litigar con la banca por el criterio que utiliza para estimar la cuantía del procedimiento y el cálculo de las costas, que carga en la entidad financiera. Tras estos fallos es de esperar que la avalancha de reclamaciones, ya bastante voluminosa, incluso se acelere.
Las dos sentencias a las que ha tenido acceso DV, fechadas a seis de septiembre, responden a demandas contra Kutxabank por la cláusula que establece que todos los gastos hipotecarios los debe asumir el deudor, algo contra lo que se pronunció el Tribunal Supremo en diciembre de 2015. Aunque su redacción es muy parecida y hay muchos argumentos repetidos, resulta interesante su análisis porque permite observar el criterio de la jueza respecto a los distintos conceptos de gasto.
94% es lo que recupera uno de los demandantes, que pedía la devolución de 2.884 euros al banco
CRITERIO
Bufetes
Así, una de las demandas se refiere al préstamo hipotecario solicitado para la compra de una segunda vivienda en Cantabria, con lo que los gastos cuya devolución se pide incluyen el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, exento en la mayoría de los casos para la primera vivienda en Bizkaia. De hecho, este tributo, que asciende a 2.346 euros, constituye el grueso de lo que se reivindica -2.884 euros en total, a lo que se suma 358 euros de notaría y 180 de registro.
Pues bien, lo que establece la jueza es que los gastos de notaría se deben repartir al 50% entre la entidad y el deudor. El resto -registro y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentos- los atribuye al 100% al banco al entender que es el principal beneficiario en el primer caso y el sujeto pasivo del derecho en el segundo. En conclusión, condena a Kutxabank a devolver al demandante un total de 2.705 euros, el 94% de lo que se solicitaba.
En la otra sentencia el importe reclamado es mucho más bajo porque no hay impuestos, pero es interesante porque además de notaría (373 euros) y registro (142) se pide también la devolución de los gastos de gestión (244). En relación a este último concepto, Marín dictamina que también corresponden en su totalidad a la entidad financiera, al considerar que se «impuso» al cliente. Recuerda, en este sentido, que la contratación de este servicio debe ser «voluntaria». Tras aplicar el criterio ya apuntado de repartir la tarifa del notario al 50% y el resto al 100% para el banco, obliga a Kutxabank a restituir 573 euros, el 75% del total.
Las dos sentencias de Laura Marín no son solo un motivo de esperanza para los titulares de una hipoteca sino también para los despachos de abogados especializados en este tipo de demandas. Y es que la juez da por bueno que estás denuncias se planteen como juicios ordinarios de ‘cuantía indeterminada’. Eso significa que, aunque se reclamen gastos por importe de 700 euros, las bufetes pueden obtener hasta 2.400 euros, si bien como no hay vista oral el importe puede quedar en el 70% de esta última cifra, un buen pellizco de todas formas. No obstante, habrá que ver si mantienen el criterio los otros dos jueces que se incorporaron posteriormente al tribunal.
«Esperemos que sea una revulsivo para que la banca se esfuerce en llegar a acuerdos extrajudiciales. Hasta hace poco ni siquiera contestaba a las reclamaciones», dice Juan Hernandorena, de LMA Abogados y letrado en uno de los casos.
«Las sentencias están muy bien fundamentadas, aunque me temo que la entidad va a apelar ante la Audiencia Provincial», advierte Iñaki Velasco, de EKA/ACUV, abogado en la otra demanda. Lo que sí parece seguro es que se van a sumar nuevas demandas a las 1.600 que llegaron a los juzgados vascos en junio y julio.
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