El Gobierno Vasco quiere exigir un año de atención a los cuidadores familiares para cobrar la dependencia

El Gobierno Vasco propone un cambio sustancial para poder cobrar la ayuda por el cuidado familiar de personas dependientes, la conocida como Prestación Económica para Cuidados en el Entorno (PECE). Según recoge el último borrador de Decreto de Cartera, al que ha tenido acceso este periódico, los familiares que ejercen de cuidadores principales de personas dependientes deberán «haber atendido a la persona durante los doce meses anteriores a la solicitud» para cobrar la prestación, un requisito inédito hasta la fecha.

En Gipuzkoa, más de 9.500 dependientes se benefician de esta prestación, que tiene como objeto reconocer el papel de los cuidadores familiares, un derecho recogido por primera vez en la Ley de Dependencia aprobada en 2007. Pensadas como una excepción, estas ayudas se han convertido en las mayoritarias. En Gipuzkoa representan el 82% del total de prestaciones por dependencia.

En la actualidad, para poder acceder a esta ayuda, la persona atendida tiene que haber sido reconocida con algún tipo de grado de dependencia, en función del cual recibirá una cuantía económica que oscila entre los 180 euros y los 520 euros, según el grado de dependencia y renta. Debe existir una relación de parentesco entre la persona dependiente y su cuidador y ambos tienen que estar empadronados en el mismo domicilio.

A la persona cuidadora se le requiere, además, ser mayor de edad, acreditar la capacidad suficiente para poder atender por sí misma las funciones de cuidador en la vida diaria de la persona dependiente, contar con tiempo suficiente para esta tarea, prestar los cuidados en el domicilio habitual, ofrecer el tipo de cuidados adecuados, mantenerse disponible para participar en cursos de apoyo y formación en materia de cuidados y atender las pautas y recomendaciones que se den desde los servicios sociales. Entre la solicitud de la prestación y su cobro pueden transcurrir entre dos y tres meses, el tiempo medio de tramitación en Gipuzkoa, que destaca por su alto grado de cumplimiento de la ley respecto a otras comunidades autónomas. Una vez aprobada la concesión de la prestación, la persona dependiente recibe las ayudas con carácter retroactivo a la fecha de la solicitud. Pero nunca se ha exigido al cuidador familiar un mínimo de un año de atención previa para el acceso a la prestación, como ahora recoge el borrador del Decreto de Cartera, el documento clave para el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, en fase de negociación con las tres diputaciones y los ayuntamientos. El último texto presentado por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, con fecha de abril, recoge también la obligación del cuidador familiar de «asumir formalmente los compromisos necesarios para la atención y cuidado de la persona en situación de dependencia», pero no se detiene en justificar por escrito los nuevos criterios que serán discutidos en próximas reuniones con las diputaciones.

«Limitación de derechos»

La Diputación de Gipuzkoa muestra su «extrema preocupación por esta limitación de derechos» que, a su juicio, supone el requisito introducido. Surge así un nuevo escollo para la difícil misión de unificar los tres modelos sociales existentes -uno por cada territorio- y cumplir con la Ley de Servicios Sociales aprobada por todos los grupos en 2008, en la anterior legislatura del PSE.

La ley consagra el derecho subjetivo de los ciudadanos a percibir servicios sociales, lo que significa que podrán ser exigidos ante un juez, como la Educación y la Sanidad. Fue un punto de partida ambicioso, cuyo desarrollo está siendo, sin embargo, lento y peliagudo. Con la meta teórica de llegar al 2016 con los deberes hechos, las posiciones parecen más alejadas que nunca.

La propuesta del PNV no es del agrado de la Diputación guipuzcoana (Bildu), que no está dispuesta a traspasar «ciertas líneas rojas», como el requisito propuesto para la prestación de cuidados familiares o los cambios en el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) que dejarían en la práctica sin servicio al 57% de los actuales usuarios de Gipuzkoa, según exponen fuentes forales. Las perspectivas opuestas, la falta de avances y el horizonte de unas elecciones municipales y forales no parecen despejar el camino.