El plan de Bildu sigue sin arrancar, un año después de paralizar la incineradora

La Diputación y la UTE Gipuzkoa daban a conocer en noviembre del año pasado el acuerdo por el que se rescindía el contrato de construcción de la incineradora. El convenio supuso que FCC, Zerbitzu Elkartea, Altuna y Uria, Murias y AE&E han cobrado 8.190.000 euros como indemnización por la paralización de unas obras que iniciaron en enero de 2011, tras ganar un concurso público convocado en la pasada legislatura por el Consorcio de Residuos (GHK).

Un año después, el plan alternativo promovido por la Diputación no ha pasado de los planos a la realidad. Este plan pivota sobre tres infraestructuras: la planta de compostaje de Epele, la de tratamiento mecánico-biológico (TMB) de Zubieta y el vertedero de 'inertes' de Zestoa.

La de Epele, cuya primera piedra fue colocada en marzo por el diputado general, tenía prevista su puesta en marcha el próximo mes de enero, pero todavía no se ha adjudicado. Además, el concurso tiene todos los visos de ir a judicializarse.

La planta de TMB (60 millones de euros), la joya de la corona del plan de Bildu, está a la espera de recibir la Autorización Ambiental del Gobierno Vasco. Incluso en el caso de que obtuviera el permiso de inmediato, es a todas luces imposible que se inaugure a finales de 2015, plazo comprometido por la Diputación como condición para cerrar Urteta, Lapatx y Sasieta.

En cuanto al vertedero de Zestoa, el proyecto ni siquiera se ha remitido al Gobierno Vasco para la tramitación de las autorizaciones pertinentes.

Un año después, además, siguen sin despejarse las incógnitas económicas y jurídicas. El Tribunal Vasco de Cuentas ratificó la semana pasada la existencia de «incertidumbres» en la gestión del Consorcio de Residuos, surgidas tras la rescisión del contrato de la incineradora.

En el flanco de los tribunales, sigue pendiente la sentencia por los polémicos 'swaps'. Los actuales rectores del Consorcio denunciaron estos contratos, firmados en la anterior legislatura con el Banco de Santander y La Caixa. El fallo determinará si GHK tendrá que seguir pagando 500.000 euros al mes por una incineradora que ha paralizado o si, por el contrario, los bancos deberán devolver 6 millones al Consorcio.