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FERNANDO SEGURA
Miércoles, 14 de enero 2015, 15:53
El juzgado de primera instancia número 4 de Donostia ha desestimado la demanda que presentó el Consorcio de Residuos (GHK) contra La Caixa y el Santander. GHK inició la demanda por considerar que el contrato de cobertura de los créditos (swaps) aprobados en la pasada legislatura para financiar la incineradora eran "especulativos". La sentencia, como se ha señalado, desestima esta demanda. GHK estimó en su momento que una sentencia desfavorable podría suponer el desembolso de 68 millones de euros.
El juzgado de Primera Instancia número 4 de San Sebastián admitió a trámite la demanda interpuesta por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK ) contra Banesto, La Caixa y la consultora Price Waterhouse en junio de 2013. lo que da veinte días de plazo a la parte demandada para que conteste.
La vicepresidenta de GHK, Ainhoa Intxaurrandieta, explicó entonces que las dos entidades financieras estaban cobrando al Consorcio los intereses correspondientes a las cantidades que tenían previsto prestar para la construcción de las infraestructuras de tratamiento de residuos de Zubieta, entre ellas la incineradora, y no sobre la cantidad realmente utilizada.
El Consorcio, una vez controlado por Bildu tras las elecciones de 2011, decidió no construir la incineradora, por lo que únicamente se ha gastado 9,7 millones de euros, mientras que, en virtud de la interpretación que los bancos hacen de estos contratos "swap", se están cobrando los intereses correspondientes a 125 millones, que son los que se deberían haber utilizado si Bildu no hubiera paralizado el proyecto.
Estos intereses se elevan en estos momentos a 400.000 euros mensuales, según explicó Intxaurrandieta, quien afirmó que «estos "swap" tristemente conocidos por su alta toxicidad y su valor especulativo nos van a llevar a tener unas pérdidas de 60 millones de euros».
La demanda pretende la anulación de estos contratos «puesto que en lugar de ser productos de cobertura de intereses se han convertido en productos especulativos».
La petición de anulación se fundamenta en el incumplimiento por parte de los bancos de su obligación de informar adecuadamente al Consorcio. «Los bancos han incurrido en prácticas abusivas», según indicó ayer GHK.
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