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F.S.
Viernes, 16 de enero 2015, 01:13
La sentencia que desestima la demanda del Consorcio provocó ayer duras críticas de PNV, PSE y PP hacia la gestión de Bildu al frente de la sociedad y de la Diputación. Los tres partidos coincidieron en señalar los perjuicios económicos que provocará en las arcas públicas la paralización de la incineradora, así como la sentencia del pleito impulsado por la coalición contra los bancos.
Carlos Ormazabal (PNV), presidente de GHK cuando se firmaron los contratos de cobertura de los préstamos, señaló que la «única obsesión de Bildu ha sido la paralización de la incineradora y no ha reparado en nada para conseguirlo, aunque conocía desde el minuto uno cuáles eran las consecuencias».
Acompañado de la portavoz del GBB, María Eugenia Arrizabalaga, subrayó que la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia número 4 de San Sebastián «ratifica que la actuación durante la pasada legislatura fue correcta y que los productos contratados eran los únicos que cumplían las condiciones del Banco Europeo de Inversiones».
A juicio de Ormazabal, la izquierda abertzale «quiere ocultar» las consecuencias de la paralización de esa infraestructura, «una decisión unilateral que se adoptó en contra de la mayoría de las Juntas y de la planificación anterior».
Recordó que se han pagado indemnizaciones a las ingenierías y a la constructora por un proyecto que no se va a llevar a cabo y esto conduce «a un callejón sin salida».
La izquierda abertzale es «víctima de sus dogmas y está fuera de la realidad», indicó Ormazabal , quien concluyó que Bildu lleva al territorio al «colapso» en la gestión de las basuras.
Por su parte, el socialista Denis Itxaso anunció que como presidente de San Markos solicitará al fiscal superior que reabra las diligencias para que «analice en profundidad el alcance de las posibles responsabilidades penales de los miembros del Consejo de Administración de GHK». Itxaso explicó que el fallo judicial supone que los guipuzcoanos, a través de sus ayuntamientos, y éstos de sus mancomunidades respectivas, «pagarán durante 19 años -de los que ya han transcurrido cuatro- del orden de 670.000 euros mensuales a los bancos por no hacer nada». Itxaso señaló que «era previsible» que Bildu culpe a los gestores de la anterior legislatura, pero recalcó que la sentencia «deja claro que los productos financieros contratados eran idóneos. Se convirtieron en ineficientes y especulativos cuando Bildu decidió no construir las infraestructuras para los que estaban previstos».
El portavoz del PP en las Juntas, Juan Carlos Cano, calificó de «pésima noticia» la desestimación de la demanda de GHK. «El capricho de Bildu nos ha metido en un pufo, sin resolver el problema de los residuos sólidos». Cano remarcó que «estamos probablemente ante el ejercicio más cínico de la política por parte de Bildu. Donde había solución han generado un problema».
El PNV y el PSE han solicitado la comparecencia urgente en las Juntas de la presidenta del Consorcio de Residuos y de los diputados de Medio Ambiente y Hacienda.
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