Amaia Agirregabiria: «Es imposible que un alcalde pueda leer todos los documentos que firma»

«Ningún alcalde puede leer todos los documentos que firma, es imposible. Yo tenía plena confianza en el secretario municipal y rubriqué el texto sin haberlo leído». Son palabras de la exalcaldesa de Pasaia, Amaia Agirregabiria, que ayer compareció en el Juzgado de lo Penal número 3 de Donostia para ser juzgada por la presunta comisión de un delito de prevaricación y otro de obstrucción a la justicia. La exregidora firmó en 2013 un decreto que le fue presentado por el secretario accidental del Ayuntamiento, Iker Rokandio, en el que se ordenaba a dos guardias municipales que no acudieran a un juicio como testigos contra una mujer por un asunto relacionado con una infracción de tráfico. El secretario también se halla imputado al igual que el letrado titular del consistorio, Joseba Belaustegi, quien durante cerca de veinte años ha desempeñado labores de secretario.

La Fiscalía solicita 3 años de cárcel y 8 de inhabilitación para Agirregabiria, los mismos que para Rokandio. La acusación pública no formula imputación contra el otro secretario, a quien, sin embargo, sí acusa un agente municipal que ejerce la acusación particular y cuyo abogado pide 8 años de prisión.

La vista comenzó con la declaración de los tres investigados. El interrogatorio se prolongó hasta entrada la tarde, con lo que el juicio tuvo que ser suspendido. Las sesiones se reanudarán el 3 de octubre.

Los hechos objeto de este procedimiento tienen su origen en un incidente producido en febrero de 2103. Dos agentes municipales fueron enviados por la central de mando de la Policía Local a la calle San Sebastián de dicho municipio, donde un automóvil mal estacionado en un vado dificultaba la salida de vehículos. Los guardias demandaron la presencia en el lugar de una grúa y cuando ésta llegó, apareció también la titular del coche mal aparcado. Se produjo entonces un incidente con la conductora que desembocó en un atestado. Este, a su vez, dio lugar a un proceso penal por la comisión de una posible falta de respeto o desobediencia a los agentes, que derivó en un juicio de faltas.

En las semanas posteriores, según denunciaron los policías en los hechos, los acusados instaron a los dos agentes a desistir en el proceso contra la conductora e incluso les conminaron a no comparecer en el juicio.

El secretario municipal Joseba Belaustegi, a partir de aquel momento, debido a una lesión que le mantuvo varios meses de baja, se apartó del proceso, que quedó en manos de su sustituto. Según las acusaciones, el funcionario interino y la alcaldesa dieron forma a la resolución. En dicho documento firmado por Amaia Agirregabiria se conminó a los agentes a no acudir a la vista, al tiempo que les advirtió de que, en caso de que desobedecieran se les incoaría un expediente disciplinario. La misma resolución precisaba que en el supuesto de que los agentes fueran multados por su inasistenci, el importe sería abonado por el Ayuntamiento.

Tras estos hechos, uno de los agentes involucrados, representado por el letrado Juan Román Zubillaga, se personó en la Fiscalía y dio cuenta de lo acontecido. El ministerio público interpuso una denuncia que es la que dio lugar al actual proceso

Un agenda muy apretada

La alcaldesa rechazó haber tenido participación alguna en la gestación y ejecución del decreto. «La única indicación que di fue que hicieran el favor de solucionar el tema de la mejor manera, tanto para los ciudadanos como para el Ayuntamiento».

Agirregabiria reconoció que la mañana en la que estampó su firma en el decreto tenía una agenda muy apretada, con asuntos «críticos» por resolver y estudiar. Admitió que en la confianza plena que tenía hacia el secretario, rubricó sin leer el contenido. «Técnica y humanamente es imposible que un alcalde pueda leer todos los asuntos», dijo la exedil quien recordó que, además del trabajo en el consistorio, por aquellas fechas debía atender a sus padres y también a sus dos hijos. «Al final se juntaron muchas cosas».

La exalcaldesa señaló que cuando tuvo conocimiento de la incoación de las diligencias «no podía entender que Iker pudiera haber redactado un escrito en aquellos términos».

Iker Rokandio, por su parte, admitió ser el autor de la redacción del texto y exculpó su compañero Belaustegi y a la alcaldesa, de la que dijo ni siquiera pudo leer el documento. «Le dije que habíamos llegado a un acuerdo y que me firmara, que tenía prisa porque uno de los agentes debía marcharse. Lo hizo sin mirar y tampoco le informé sobre los términos del acuerdo», dijo.

Rokandio afirmó que el contenido del decreto había sido pactado con los dos agentes municipales concernidos después de tres horas de negociaciones. Añadió que el propósito que perseguía con la elaboración del documento era «defender» los intereses del consistorio pasaitarra y de los propios guardias ante una posible reclamación judicial por presuntas coacciones que pudiera interponer la mujer que fue sancionada, y también para garantizar que los policías no fueran expedientados por su actuación. El secretario sostuvo que, no obstante, los agentes le tendieron una «encerrona» cuando acudieron con el escrito ante la Fiscalía. «Pequé de pardillo», afirmó.