GHK no recurrirá el crédito de la incineradora, lo que abre la puerta a buscar responsabilidades

. El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) no recurrirá la sentencia de la Audiencia que obliga al territorio a pagar 60 millones por la cobertura de los créditos (swaps) que se contrataron para pagar la incineradora que Bildu paralizó. Según ha podido saber este periódico, dos informes jurídicos recomiendan a GHK desistir de un tercer recurso, esta vez ante el Tribunal Supremo, cuyo éxito ven altamente improbable dada la hemeroteca y que no haría más que engordar la ya abultada factura a pagar, ya que se estima que las costas ascenderían al millón de euros. La decisión de renunciar al recurso, que la asamblea de GHK votará el viernes en una sesión extraordinaria convocada ayer por la tarde, abre la puerta, según las fuentes consultadas, a que la sentencia firme se traslade al Tribunal de Cuentas del Estado para que determine si existen responsabilidades por parte de los responsables políticos de Bildu durante la anterior legislatura. En apenas tres meses, la Justicia ha enmendado las dos principales decisiones tomadas por la coalición abertzale: la rescisión del anterior contrato de la planta incineradora y el recurso contra los swaps que contrató el Gobierno del PNV para atemperar una posible subida de los tipos de interés que dispararía el precio a pagar.

De momento, el primer paso se dará este viernes en la asamblea extraordinaria de GHK. La urgencia de la convocatoria la dictan los plazos que finalizan el 10 de abril en caso de que se optara por interponer un recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia. De hecho, Bildu ha reclamado que se recurra ante el Supremo el pago de los swaps por la planta que paralizó.

Los asistentes tendrán sobre la mesa dos informes jurídicos emitidos por el letrado que contrató la propia coalición abertzale para llevar el recurso contra los swaps que interpuso GHK (Guevara y Medrano) y por letrados asesores del Consorcio (Sunion), que defienden más bien todo lo contrario. Ambos desaconsejan la presentación de un nuevo recurso ante el Supremo y coinciden en que esa medida no solo no tendrá visos de prosperar sino que además, si el recurso fuera desestimado, las costas derivadas del procedimiento podrían superar el millón de euros, «debido a la concurrencia de tres partes recurridas», indica uno de los documentos.

Con esos informes como telón de fondo, todo apunta a que PNV y PSE-EE, que controlan el 87% de la asamblea, se mostrarán a favor de no continuar con el proceso judicial y asumir la penalización. La decisión contará con el presumible rechazo de las mancomunidades de Tolosaldea y Deba Erdia, en manos de EH Bildu.

La no interposición del recurso supone, asimismo, que la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa sea firme y, por tanto, que «se abra la posibilidad de dar traslado de la misma al Tribunal de Cuentas para que este órgano pueda determinar las posibles responsabilidades en las que pudieran haber incurrido los gestores de Bildu», apuntan fuentes consultadas.

De momento nadie se pronuncia al respecto, pero no es descartable pensar que una sentencia firme permite ahora a GHK intentar negociar con los bancos una reducción del pago por los swaps contratados.

Hasta 2029

De momento, Gipuzkoa deberá seguir abonando una factura mensual de unos 600.000 euros por el crédito no utilizado hasta 2029, año en el que expira la vigencia del contrato financiero suscrito por GHK -dirigido por el PNV- con la banca hace seis años.

Durante ese tiempo, el territorio abonará una cantidad cercana a los 60 millones de euros por el swap, un seguro de cobertura que reduce el riesgo en caso de variación de los tipos de interés. Dicho crédito iba vinculado a un préstamo de 175 millones destinado a construir la planta de valorización energética, y aunque ese dinero no se utilizó al quedar en suspenso el proyecto -paralizado por el Gobierno foral de EH Bildu en 2013- el producto financiero que llevaba adherido sigue activo, tal y como dictó la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

La consecuencia directa del fallo consiste en que durante los próximos doce años este instrumento financiero cobrará a los guipuzcoanos una mensualidad que variará entre los 600.000 euros actuales y otras cantidades que se irán reduciendo con el paso del tiempo, a medida que se vaya amortizando el pago total del seguro, cuantificado en algo más de 60 millones. El recibo no llegará directamente al ciudadano, pero sí lastrará el presupuesto que anualmente la Diputación de Gipuzkoa confecciona con sus impuestos. La institución foral ha destinado durante los dos últimos ejercicios doce millones de euros para «compensar» el desfase presupuestario que sufre la sociedad pública GHK y la previsión pasa por seguir apartando una importante cantidad para contribuir a tapar el agujero.

Además de las cuentas de la Diputación, también se resentirán las de las mancomunidades, que a inicios del año pasado empezaron a pagar un 20% más al Consorcio, y que ya saben que deberán asumir su parte proporcional en el pago de los 60 millones del swap durante la siguiente década. De rebote, los ayuntamientos no podrán impedir el encarecimiento en la tasa de la basura que sí se cobra a los vecinos.

Posibles soluciones

Una de las medidas para paliar las consecuencias de la sentencia consistiría en anular los contratos financieros para dejar de pagar sus coberturas, lo que sería factible pagando a los bancos a los que la justicia ha dado la razón -Santander y Caixabank- la correspondiente indemnización de 50 millones de euros. Los abogados de las entidades de crédito ya recordaron en el juicio del caso, celebrado en marzo de 2014, que este paso ya se dio con las constructoras que iban a hacer la incineradora y al final se llevaron 11 millones de euros por no llevar a cabo las obras. Otra vía para evitar seguir abonando la factura de los swaps es la negociación entre el Consorcio -pagador- y los bancos. Ya hubo un amago de intentar pactar una cantidad para olvidar este mal sueño por parte de la dirigida por EH Bildu, y los actuales gestores podrían también tocar la puerta de las entidades de crédito para minimizar el perjuicio al erario público.