El aumento de las sustracciones de menores por divorcios en Gipuzkoa alerta a la Fiscalía

El caso de Juana Rivas mantiene dividida a la opinión pública, entre los que entienden que las decisiones de la madre han estado motivadas por el afán de proteger a sus hijos y los que opinan que los menores son los mayores perjudicados de esta situación. La madre de Maracena ha mantenido escondidos a sus dos hijos desde el pasado 26 de julio hasta ayer, 28 de agosto, cuando decidió por fin entregarlos a la Guardia Civil. Más de un mes en el que los niños han estado en paradero desconocido después de que Rivas se negase a entregarlos a su padre, Francesco Arcuri, sobre el que pesaba una sentencia por lesiones en el ámbito doméstico en el año 2009.

«El de Juana Rivas ha sido un caso extremo y por lo tanto muy mediático, pero aquí nos tenemos que enfrentar a situaciones como esas cada día, sobre todo en verano por las vacaciones», afirma Juan Pousibet, presidente de la Asociación Guipuzcoana para el Apoyo Integral en las Crisis Familiares (Agipase).

Los datos de la última memoria de la Fiscalía General de Gipuzkoa, referentes al ejercicio de 2015, revelan que los conflictos generados por problemas en los procesos de divorcio han provocado un «preocupante» aumento de los delitos por sustracción de menores. En el año 2015 la Fiscalía guipuzcoana registró doce denuncias por sustracción de menores, diez más que en el año anterior.

«Se constata que las tensiones entre los miembros que integraron muchas de las familias ahora divorciadas, generan no pocas situaciones conflictivas en las entregas de los menores a uno u otro progenitor, siendo por tanto los propios padres los que interponen denuncias cuando observan incumplimiento de la hora o fecha de entrega del menor», señalan desde el organismo judicial, alarmado por la «directa e inmediata afectación a la infancia» que pueden generar estas situaciones.

En Euskadi la cifra total de menores sustraídos en 2015 fue de 31, una cifra algo menor que la de 2014, cuando se contabilizaron 34 denuncias. Descenso que explican los datos referentes a Álava, donde se pasó de 15 casos en 2014 a tan solo tres en 2015.

La relación entre parejas en proceso de divorcio suele ser complicada y en la mayoría de los casos acaba por resolverse ante un juez. «Lo ideal es llegar a acuerdos desde el principio y evitar pleitos, aunque no es lo más común», reconoce el presidente de Agipase. En la asociación se encargan de mediar en conflictos entre padres y madres separados, priorizando siempre el interés del menor. «Muchas veces se les utiliza, y son los que más sufren con el conflicto», afirma Pousibet.

Uno de los casos más graves que están tratando en la asociación es el de un padre que no ve a su hijo desde que su expareja decidiera irse a vivir al extranjero. «El juez le dio permiso y estableció un régimen de vacaciones que la madre no cumple. La justicia de aquí nos dice que no tiene competencia y puede que tengamos que llevar el caso al país donde reside el menor», afirma Pousibet. Los casos más comunes, sin embargo, se producen por retrasos o incumplimientos de la hora o fecha de entrega del menor de un padre a otro. Y, «en un alto porcentaje de los casos», son las madres las que no cumplen con el régimen, «porque no están de acuerdo con la sentencia del juez», apunta.

En el auto dictado el pasado jueves por el juzgado de instrucción número dos de Granada, se señala que en el caso de Juana Rivas se da «una posible alienación parental de los hijos», o lo que es lo mismo, una manipulación psicológica en contra de su padre. «Para los niños resulta dramático. Hay padres que llegan a renunciar a las visitas porque sus hijos lloran cuando tienen que ir a su casa, o incluso en edades más mayores pueden llegar a autolesionarse para no acudir con el otro progenitor», afirma Pousibet, quien añade que «normalmente no hay una causa razonable para decirle a un niño cosas negativas sobre su padre o madre».

Por suerte, hay quienes encuentran el modo de que eso no ocurra. «Hay exparejas que llegan a la asociación negándose a estar en la misma habitación y que terminan sentándose a tomar decisiones sobre sus hijos», afirma el presidente. La clave está, tal y como intentan trasmitir en Agipase, en la coparentalidad. «Les hacemos entender que aunque nunca más vayan a ser pareja siempre van a seguir siendo padres, y les damos pautas para no perjudicar a los menores en el proceso».

Desde la asociación advierten de que «hay que tener mucho cuidado en cómo nos queremos divorciar, porque nuestras acciones tienen consecuencias para nuestros hijos».