GHK da el paso y demanda a los gestores de Bildu que paralizaron la incineradora

Hasta ahora había advertencias, incluso declaraciones de intenciones sobre posibles acciones legales. La amenaza jurídica se cernía sobre un colectivo abstracto, siempre con la marca EH Bildu de común denominador, ya fuere al señalar al anterior Gobierno foral o a quienes dirigieron durante ese mandato (2011-2015) el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa. Pero el formato en el que los actuales gestores forales (PNV y PSE) han desarrollado la exigencia de responsabilidades por paralizar la incineradora en 2013 -y abocar, según ellos, a la sociedad del Consorcio, a la acumulación de pérdidas- está a punto de sufrir un salto cualitativo.

Sobre la mesa hay, desde ayer, una propuesta concreta de demanda. Y sobre la mesa hay también nombres y apellidos sobre los que puede pesar una orden de «reintegro», es decir, el pago de una cantidad de dinero liberada en su día desde una institución pública como GHK. El acuerdo de resolución contractual cuantificó la indemnización a abonar a las empresas en 8,2 millones, aunque los actuales gestores del Consorcio añaden como perjuicio la pérdida de la financiación y la conversión de los seguros del interés -conocidos como swaps- en especulativos, al tener que pagarlos -600.000 euros al mes- a pesar de no ejercer ya como cobertura de ningún crédito.

El presidente de GHK, José Ignacio Asensio (PSE), envió ayer a los asambleístas del Consorcio una convocatoria de Asamblea incluyendo en el orden del día la votación a una propuesta de demanda. Se interpondría ante el Tribunal de Cuentas de España contra las personas «responsables en manejo de caudales o efectos públicos que, con infracción de la legalidad, hubieran realizado actuaciones objeto de un posible alcance», dice la propuesta de demanda.

¿A quiénes se refiere? El documento sobre el que tendrán que pronunciarse los asambleístas apunta a dos personas que «se ha entendido que pudieran concurrir como cuentadantes -persona que da cuenta de fondos que ha manejado-». Una sería la presidenta anterior del Consorcio, Ainhoa Intxaurrandieta, y el otro, el que fuera diputado de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa y miembro del consejo de administración de GHK, Iñaki Errazkin. Ambos ostentarían, según la propuesta de demanda «una responsabilidad cualificada por lo que procedería deducir demanda contra ellos, en este procedimiento de reintegro por alcance».

El origen de la demanda se remonta al emplazamiento que el propio órgano fiscalizador español, a instancias de su fiscal, ha realizado a GHK para que interponga una demanda tras el análisis de las cuentas de 2012. Lo hace por segunda vez, ya que hace un año hizo lo propio después de abrir un «procedimiento de reintegro por un presunto alcance como consecuencia de supuestas irregularidades contables en relación al pago al contratista».

GHK no dio el paso en aquel primer requerimiento al entender que había en marcha procesos judiciales que incidían directamente en el fondo del asunto investigado, a saber, si existieron causas legítimas para rescindir el contrato de la incineradora o si las personas que tomaron la decisión tenían la potestad para hacerlo. A pesar de que quedan recursos pendientes de resolver sobre el asunto, el Tribunal de Cuentas de España no ha concedido la suspensión de ese plazo, ha vuelto a emplazar a GHK a presentar la demanda correspondiente y ha establecido nuevo plazo: el 17 de octubre. El órgano fiscalizador matiza que, de no cumplirse el plazo, significaría la pérdida de la acción iniciada en su día.

Los servicios jurídicos de GHK entienden que es obligado que por parte de la Asamblea se adopte ahora el acuerdo de decisión de presentación de esta demanda, «existiendo posibles responsabilidades en los supuestos de no adopción de este acuerdo y de permitir la caducidad de la acción». Además, consideran relevante que las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaran el pasado 3 de octubre una moción que insta al Consorcio y a la Diputación a que se comprometan con los guipuzcoanos en la exigencia de responsabilidades políticas, económicas y judiciales que pudieran derivarse de la gestión de los residuos del anterior Ejecutivo foral.

Por todo ello, la asamblea se ha convocado para el 16 de octubre. Salvo sorpresa mayúscula, la propuesta de demanda será aprobada -el 87% de los asambleístas pertenece a PNV y PSE- y el Tribunal de Cuentas de España tendrá que pronunciarse sobre si las personas señaladas en ella deben responsabilizarse de un dinero que salió de GHK si es que resultó un gasto que produjo «menoscabo o resultado dañoso en los fondos públicos». El caso no cuestiona que los nombres apuntados se llevaran dinero, pero según la legalidad vigente, las reclamaciones personales no tienen por qué ir vinculadas a un enriquecimiento de los cargos públicos.

La cantidad que se reclame a los considerados dos máximos responsables de las decisiones que se juzgan tendrán que ser definidas en la formulación de la demanda. Se desconoce a cuánto ascenderá la petición de «reintegro». En cualquier caso, las cifras que emergen en el debate sobre las consecuencias de aquella paralización resultan desorbitadas para cualquier patrimonio personal. Además de la indemnización de los 8,2 millones de euros, los swaps disparan el montante. Según el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, a 31 de diciembre de 2015 ya se habían abonado a los bancos 24,9 millones por este instrumento financiero que busca asegurar un tipo de interés estable, y el valor de lo que aún queda por abonar asciende a 46,6 millones. En total, 71 millones.

La demanda se interpondrá, en cualquier caso, cuando aún queda pendiente una resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre el fondo de la decisión de paralizar la incineradora. Entre los recurrentes, trece personas a nivel individual más las mancomunidades de Urola Medio y Tolosaldea, ambas en manos de EH Bildu, se encuentran precisamente Intxaurrandieta y Errazkin.

Se trata de un recurso de apelación contra una sentencia del Contencioso-Administrativo 1 de Donostia que anulaba la rescisión del contrato de la incineradora. La parte recurrente alega que la sentencia apelada no resuelve la cuestión de fondo ya que «no se han aportado al juicio dictámenes que desacrediten la motivación y el interés público de la resolución contractual». Se refiere al «sobredimensionamiento de la incineradora cuya ejecución se contrató» y al «impacto económico causado por el incumplimiento de la previsión de generación de residuos».

En el recurso presentado en enero, los apelantes recuerdan que la Ley del contrato entre las partes prevé expresamente como causa de resolución el mutuo acuerdo entre las partes y justifican la decisión en el caso de que se considere que «el interés público aconseja la extinción del contrato».

Sin esperar a lo que resuelva el TSJPV, GHK interpondrá, si la asamblea se lo pide el día 16, la primera demanda contra la gestión de residuos del anterior Gobierno foral.