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ELENA VIÑAS
Jueves, 5 de junio 2014, 00:10
Por tercera vez en lo que va de legislatura se presentó a Pleno una moción solicitando la celebración de una consulta popular en materia de residuos y como ocurriera en anteriores ocasiones, el texto fue rechazado, aunque hizo falta repetir la votación para deshacer el empate técnico que se registró.
Frente a los ochos votos a favor que sumaron PSE-EE, PNV y PP se situaban los ocho en contra de Bildu. Ezker Anitza-IU se abstuvo, por lo que fue necesario recurrir a una segunda vuelta. La votación no varió y fue el voto de calidad de la alcaldesa el que, como manda el reglamento, inclinó la balanza hacia el 'no'.
De defender la moción se ocupó Pedro Díaz de Garayo, portavoz de Derechos de los Pasaitarras, quien aseveró que el puerta a puerta es «mucho peor para los vecinos, más incómodo y bastante más caro». Por ello, abogó por un estudio de costes del nuevo sistema y una consulta en la que los pasaitarras puedan decidir entre el PaP o el quinto contenedor.
Sus palabras dieron paso a una breve exposición de posturas a cargo de los portavoces de cada grupo municipal, en la que no hubo lugar a sorpresas.
La alcaldesa, Amaia Agirregabiria, aseguró a Derechos de los Pasaitarras que el único documento relativo a las firmas contrarias al puerta a puerta que ha llegado al Ayuntamiento «es un acta notarial a nombre de Luis Otermin, Silvia Rodríguez y Lorena Lázaro»; y les invitó a preguntar a éstos para saber «cuál ha sido el destino» de esas firmas.
El auténtico debate se abrió, sin embargo, entre el público, cuando los favorables al PaP y sus detractores, que portaban carteles a favor del derecho a decidir, entraron en un acalorado intercambio de opiniones.
Uno de los asistentes al Pleno tomó la palabra para criticar que en la página de la red social Facebook de Derechos de los Pasaitarras supuestamente «se fomentan» los ataques a las casas de los ediles, como los sufridos por Oronoz y la regidora.
También se achacó a la plataforma ciudadana su vinculación con diferentes grupos municipales, aunque sus integrantes lo negaron en repetidas ocasiones.
Urbanismo y otras mociones
Tras el debate de la consulta sobre el sistema de residuos, que se prolongó durante más de una hora, los corporativos abordaron otras cuestiones bien distintas. Entre ellas, una adenda al convenio foral que obligará a utilizar el remanente del Ayuntamiento para poder ejecutarse éste en el plazo establecido. La medida fue muy criticada por la socialista Lore Suárez, quien la calificó de «chantaje gravísimo», «falta de respeto institucional» y «ataque frontal a la autonomía del municipio».
El portavoz de Ezker Anitza, Xabier Pombo, señaló que la Diputación «no está atendiendo las necesidades de los pasaitarras», aunque también criticó la postura del PSE, por alcanzar en 2011 un acuerdo con el PNV para reducir la partida en un millón de euros. PNV y PP se sumaron a las críticas a la adenda, mientras la alcaldesa aseguró que «nadie ha quitado dinero a nadie».
El capítulo de mociones incluyó cuatro más, dos de ellas de urgencia de cuya votación se ausentaron los socialistas. La del PSE sobre Biteri quedó sobre la mesa para ser tratada en mayor profundidad. La de las cajas vascas de Bildu decayó, así como las alternativas. Sí se aprobó la de la coalición condenando las detenciones en Oiartzun, no así la de EAN a favor de la república.
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