Las curvas del proceso

JULEN de Madariaga, el histórico fundador de ETA y uno de los detenidos en la operación de ayer, señaló horas después del alto el fuego que el proceso que se avecinaba era como una carretera de montaña, plagada de curvas peligrosas, algunas al borde de precipicios. La redada de ayer puede ser una gráfica metáfora que refleje esta encrucijada contradictoria: no rompe la expectativa de un proceso de paz pero dibuja los vaivenes del mismo y encierra diversos mensajes tanto a la izquierda abertzale como al Partido Popular.

Un dirigente de la disuelta Batasuna confirmaba ayer esta sensación, molesto y extrañado por la vasta intervención policial, dirigida contra algunos de los veteranos de la primera ETA, y que se da en una coyuntura delicada, en vísperas de que el presidente comparezca en el Congreso de los Diputados para anunciar el inicio de un diálogo con representantes de la organización terrorista para averiguar si es factible explorar el final definitivo del terrorismo.

La operación suscita diferentes especulaciones sobre su intencionalidad. En primer lugar, el hecho de que sea el magistrado Fernando Grande-Marlaska el que haya ordenado la actuación de la Policía en coordinación con la jueza francesa Laurence Le Vert ha vuelto a poner sobre la mesa el papel de la Judicatura en un proceso de paz y el equilibrio siempre difícil entre el principio de legalidad y el de la oportunidad política. Oficialmente se dice que el Estado de Derecho no está en tregua y que no puede haber zonas de impunidad. «Ni los jueces ni los policías están con los brazos cruzados», señaló ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero las operaciones policiales en este tipo de coyunturas históricas siempre pueden ser interpretadas a la luz de sus «efectos colaterales». Ocurrió durante la tregua de 1998 con consecuencias entonces en la relación interna de fuerzas en el seno de ETA.

Además, un dato que no pasa desapercibido es que esta operación incluye una investigación sobre cartas de extorsión supuestamente enviadas después del 22 de marzo, la fecha de anuncio del alto el fuego, lo que implicaría una vulneración del mismo con repercusiones en la construcción de un suelo de confianza entre las partes, tejido pacientemente entre julio de 2005 y enero de 2006.

En aquel momento trascendió que la decisión de cese permanente de la violencia era universal y permanente, es decir, incluía también la kale borroka y la extorsión económica. Aunque el Gobierno ha minimizado por completo los ataques esporádicos de intimidación, en esta ocasión dirige un aviso para navegantes por el incumplimiento de las bases sobre las que se sustentaba el alto el fuego. El argumento encierra en sí mismo un punto de contradicción. Porque si el Ejecutivo considera que ETA ha incumplido el alto el fuego, no se cumplirían las condiciones establecidas por el presidente para abrir el diálogo con ETA. El propio Zapatero señaló en su día que su decisión, más que en una verificación precisa, descansaba en una «evaluación política global» en la que incluía, además de los informes policiales, el apoyo de la mayoría de los partidos, de los empresarios vascos, el del presidente de la Conferencia Episcopal y de la Unión Europea.

Otra teoría es que esta operación tenga una trastienda más sofisticada. Según esta tesis, un tanto rebuscada, se pretendería fortalecer al presidente Zapatero en una coyuntura bien difícil, en la que va a arrancar el proceso de diálogo con ETA no sólo sin el concurso del PP sino con el rechazo frontal del principal partido de la oposición. Una formación que no está dispuesta a replantear su discurso, sobre todo cuando el resultado del referéndum catalán no ha debilitado a corto plazo a Mariano Rajoy.

Con la operación contra la supuesta red histórica del impuesto revolucionario se buscaría, según este argumento, amortiguar y ejercer de secante ante una percepción social de irritación ante el comienzo de unas negociaciones que se presentan complejas y difíciles. Un mensaje dirigido a neutralizar al PP en vísperas precisamente de que el Gobierno designe de forma inmediata a sus interlocutores.

El Ejecutivo de Zapatero tiene prisa para abrir el proceso de diálogo con ETA para despejar con claridad si es factible entrar en este territorio, consciente que la oposición del PP le abre un flanco de desgaste muy sensible que necesita sortear con habilidad y de que la organización terrorista va a querer condicionar sus futuros movimientos a los avances de un proceso político en clave de superación del actual marco estatutario.

El propio juicio contra García Gaztelu y Gallastegi, acusados del secuestro y asesinato de Miguel Angel Blanco, habría catalizado ese creciente malestar incubado en la sociedad española, que restringe el margen de maniobra del Ejecutivo para abordar un diálogo con ETA que toque cuestiones muy sensibles como el futuro de los presos.

Desde el punto de vista objetivo, la operación policial y la reacción oficial del Gobierno español -cuyo portavoz, el secretario de Estado Fernando Moraleda se felicitó ayer por el éxito de la misma- reabrirá de nuevo una sima de desconfianza entre Batasuna y el Partido Socialista. Este nuevo deterioro contrasta con la recuperación de relaciones que se había experimentado tras el anuncio del PSE de reunirse con «representantes de la izquierda abertzale». La izquierda abertzale se muestra crítica con los socialistas por la «improvisación» con la que están actuando.

Si el perfil histórico de algunos de los detenidos ha provocado un gran desconcierto en ámbitos políticos vascos, en especial nacionalistas, en la izquierda abertzale se cree que la operación puede complicar sus planes para preparar su legalización. La primera reunión entre el Gobierno y ETA, posiblemente este mismo mes de junio, se presenta cargada de agravios y reproches mutuos antes, incluso, de que se defina la metodología, el temario de las conversaciones y el equipo internacional de verificadores que levantará acta de las mismas.