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Jueves, 6 de julio 2006, 02:00
Madrid 05/07/2006
Quienes llevados de su rechazo político a Otegi y demás dirigentes de la ilegalizada Batasuna, les niegan lo que ni la sentencia de ilegalización ni el auto judicial de suspensión de sus actividades les han quitado: sus derechos civiles y políticos. Trazar la línea divisoria entre estos derechos y la prohibida actividad orgánica de Batasuna no es fácil, pero es obligación de la justicia delimitarla para, de un lado, no vulnerar derechos, y de otro, no amparar la impunidad. (...)
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