Policía y Ertzaintza no hallan vínculos entre Batasuna y la manifestación de Bilbao

MADRID. Los informes remitidos ayer a la Audiencia Nacional por la Policía Nacional y la Ertzaintza coinciden en que no existe vínculo alguno entre Batasuna y la manifestación que la izquierda abertzale quiere celebrar mañana en Bilbao, en coincidencia con el día grande de las fiestas, según confirmaron fuentes judiciales.

Los documentos policiales despejan el camino al juez Santiago Pedraz, sustituto por vacaciones de Baltasar Garzón, que hoy podría confirmar la decisión administrativa del Gobierno Vasco y autorizar la marcha, al considerar que no hay pruebas de que el partido ilegalizado sea su promotor.

Pedraz tendrá que optar entre la postura de la Fiscalía, que no ve motivo alguno para impedir el acto, y la opinión de las acusaciones particulares del sumario de Batasuna, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ). Ambas le piden la prohibición porque están seguras de que los ciudadanos que han convocado la marcha no son más que un grupo de testaferros de la coalición ilegalizada, que quiere burlar la orden judicial de suspensión de actividades dictada en enero pasado contra Batasuna.

El informe elaborado por Unidad Central de Inteligencia de la Policía Nacional indica que la manifestación, con el lema «Euskal Herria autodeterminazioa», fue convocada el lunes durante una rueda de prensa por 38 vecinos de Bilbao a título particular. El documento añade que se trata del mismo acto que ha sido autorizado con limitaciones para ese día en la capital vizcaína por el Gobierno Vasco, cuyo permiso oficial fue solicitado el pasado día 16 por José Ignacio Ladislao Egiarte.

Candidatos

La Policía Nacional, que en esencia hizo un informe idéntico al de la Ertzaintza, señala que la conclusión de la investigación realizada sobre los convocantes y las circunstancias que rodean la manifestación es que «hasta ahora no hay vínculo objetivo alguno entre la marcha y Batasuna». El análisis dice que en la rueda de prensa no se detectó la presencia de miembros de la Mesa Nacional ni de otros dirigentes de la coalición, que no se ha apreciado la utilización de carteles con su logotipo en apoyo del acto, y que no se ha producido la adhesión pública de la formación ilegalizada a la protesta.

El único dato discordante que aportan es la presencia entre los convocantes de tres personas que en el pasado han formado parte de listas electorales de Batasuna o de formaciones ilegalizadas. Sin embargo, la Policía subraya que durante la rueda de prensa no hicieron gala de esa condición y que actuaron como personas particulares.

Tras estudiar los informes policiales, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ratificó ayer el informe que ya entregó al juez el martes, en el que señalaba que la marcha «no puede prohibirse» porque no se detecta elemento alguno que permita «restringir» el derecho fundamental de manifestación.

El Ministerio Público aclara, no obstante, que las fuerzas de seguridad deberían ser instruidas con urgencia en un doble sentido. Deben informar de inmediato a la Audiencia Nacional si antes de la manifestación detectan indicios de la implicación de Batasuna en el acto ciudadano, para poder valorar la necesidad de su prohibición.

El fiscal Fernando Burgos, responsable del caso, también considera necesario que el director de la Ertzaintza sepa que si en el transcurso de la manifestación o reunión se exhibiesen símbolos propios de organizaciones suspendidas o se expresasen consignas o frases de apoyo a esas organizaciones «se proceda a la disolución inmediata».

La postura de los fiscales de la Audiencia Nacional fue ratificada en todos sus extremos por el fiscal general del Estado durante su participación en unos cursos de verano en Santander. Cándido Conde-Pumpido indicó que, «después de examinar los informes que actualmente existen» y «de acuerdo con los criterios de legalidad», el ministerio público estima que «no hay base suficiente para la prohibición».

Como en Donostia

Si el juez Pedraz decide hoy autorizar la celebración de la manifestación es muy posible que imponga las condiciones solicitadas por el fiscal, que en esencia son las mismas que fijó Baltasar Garzón el pasado día 12 para permitir en San Sebastián una movilización similar a la de Bilbao. Unas exigencias que son también iguales a las advertencias que constan en la autorización dada al convocante por el Gobierno Vasco. Garzón hizo constar asimismo en su auto que si Batasuna se apropiara de la marcha -con la presencia de símbolos o con el total protagonismo de sus líderes-, la Ertzaintza debería disolver la manifestación y comunicar a la Audiencia Nacional lo ocurrido para que pueda exigir responsabilidades penales a los miembros de la Mesa Nacional y a los convocantes.

Por otra parte, la Fiscalía también pide a Pedraz que reclame al juez Juan del Olmo las diligencias que abrió la semana pasada cuando, por estar de guardia, recibió la documentación del Gobierno Vasco sobre la solicitud del permiso para la manifestación de mañana y la consulta del Ejecutivo autónomo sobre qué debía hacer con la petición. El Ministerio Público considera que éste es un asunto sobre el que sólo debe decidir el Juzgado Central 5, por ser el instructor del sumario de Batasuna y quien dictó en enero pasado el auto de suspensión de actividades. No obstante, Del Olmo emitió ayer un auto en el que comunica al Gobierno Vasco que no tiene nada que decir sobre la autorización que el Departamento de Interior ha dado al acto y en el que pide a la Ertzaintza que informe al tribunal de lo que suceda durante la marcha.

Mientras tanto, el sindicato LAB hizo un llamamiento a la participación en la manifestación. En un comunicado, la central sostiene que es «imprescindible» que la ciudadanía «manifieste con rotundidad su apuesta por la resolución democrática y la exigencia de pasos tangibles» ante «la grave situación que está sufriendo el proceso de resolución del conflicto». COLPISA