Harrera destaca los avances en la reintegración social de los expresos

La asociación asistencial Harrera celebró ayer en Amorebieta su segunda asamblea ordinaria y desgranó el balance de actividades realizadas en favor de la reintegración social de los expresos. Harrera ha conseguido en sus dos años de vida conseguir empleo a dieciocho exreclusos y confía en seguir avanzando en este campo, según los datos facilitados. También ha logrado ayudar económicamente a veinte excarcelados con problemas urgentes, además de ayudar a tramitar el carné de conducir a 45 personas, y prestar asistencia odontológica y oftalmológica a unos cuarenta expresos. Harrera, asociación de carácter exclusivamente asistencial, comprometida con las vías no violentas y que reivindica su desvinculación de movimientos políticos, también ha prestado asesoramiento psicológico y administrativo a numerosos expresos, además de buscar alojamiento en casos de extrema necesidad.

El presidente de Harrera, Andoni Iturrioz, un promotor cultural de la órbita de EA, abrió la asamblea en el centro cultural Zelaieta, en la que participaron un total de 110 socios que llenaron la instalación. Los promotores destacaron la «dignidad de la labor diaria» de este colectivo, pese a la «persecución y graves riesgos» que ha tenido. Así, el pasado febrero, el fiscal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro, archivó una denuncia de UPyD contra Harrera al descartar cualquier comportamiento delictivo de esta asociación. Calparsoro se apoyó en informes policiales de la Ertzaintza que negaron cualquier relación de sus actividades con las de otros grupos de apoyo a presos acusados de presunta vinculación con ETA.

Seguir trabajando

Harrera se comprometió en la asamblea de ayer en la localidad vizcaína a seguir trabajando para ayudar a los expresos que, cuando salen de la cárcel después de muchos años en prisión, se encuentran con dificultades para resocializarse y encontrar trabajo. El colectivo detalló también que cuenta con alrededor de mil ochocientos socios y colaboradores que ayudan económicamente. Su vicepresidente, Juan Karlos Ioldi, abogado y expreso, también ha desarrollado en estos meses una intensa labor de contactos con instituciones vascas y partidos. Harrera también lamenta la decisión del Gobierno central de eliminar el subsidio de excarcelación, que suponía una ayuda a los excarcelados de 426 euros durante 18 meses, si los presos no se arrepienten.

Los responsables del colectivo social defendieron su labor en un contexto, el de cese definitivo de la actividad armada de ETA, en el que esperan poder reintegrar en la sociedad a aquellas personas que vayan saliendo a la calle y que recuperan todos sus derechos civiles, recuerdan. Su objetivo es poder ofrecer más ayudas desde la «disposición y honestidad».