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«La decisión está tomada». ETA ha concluido ya su debate interno con un apoyo muy mayoritario a la desaparición definitiva de la organización, según fuentes conocedoras de los entresijos del proceso consultadas por este periódico. Justo un año después de que la banda comenzara su reflexión interna, una vez que culminó su desarme en la jornada de Baiona de la que hoy se conmemora el primer aniversario, la banda se apresta ya a entrar en la «fase resolutiva». Es decir, ha comenzado a fijar los términos en los que expresará públicamente este final de su existencia.
No se utilizará la palabra «disolución», como exige el Gobierno español, pero la fórmula que se emplee será en cualquier caso lo suficientemente «rotunda e inequívoca» para que quede claro que supone el cierre definitivo de su persiana, según los medios consultados. La organización ya desarmada debe decidir ahora también cómo escenifica este final y, al mismo tiempo, busca lograr un aval internacional a esta desaparición para reforzarla. La decisión se hará pública entre mayo y junio. «Antes del verano», en palabras de su último número uno, David Pla.
El resultado del debate es «claro», insisten los medios consultados. Además, la decisión de poner fin a su existencia se ve reforzada por la alta participación en las consultas internas, donde han participado numerosos militantes, tanto los que se encuentran en la clandestinidad como los presos. Se realizó incluso una 'repesca' con algunas personas que no habían podido opinar en un primer momento, para añadir algunos matices finales, evitar fisuras internas y fortalecer todavía más el resultado del debate, que supondrá una disolución de facto, insisten los medios consultados. De esta forma, ETA cerrará «definitivamente su ciclo histórico», tras el cese definitivo de los atentados en 2011 y el desarme de hace un año.
Reflexión interna La mayoría de los militantes de la banda ha participado en el debate para evitar fisuras internas
«Fase resolutiva» ETA se apresta a fijar ya los términos en que expresará su final y trabaja por cerrarun aval internacional
Euskadi La organización busca que su desaparición sea clara para que el Gobierno Vasco la reconozca oficialmente
Instituciones, partidos y colectivos de víctimas del terrorismo aguardan ya a esta decisión final de ETA, a la vez que redoblan sus exigencias a la organización para que haga una lectura autocrítica por los más de 800 asesinatos en sus 60 años de historia. La banda podría realizar algún tipo de reconocimiento del daño causado, aunque no necesariamente en el anuncio de su desaparición.
A la espera de la fórmula que elija ETA para hablar de las víctimas, esta semana Pla ha remarcado en el diario Sud-Ouest la necesidad «de reconocer y respetar el dolor» de sus víctimas y su disposición a «ayudar a curar las heridas». Un mensaje más modulado que el que había transmitido en otra entrevista en Francia en enero en la que aseguró que «no lamentamos lo que hicimos». También los presos esperan con expectación el anuncio de la desaparición para comprobar si en el nuevo escenario puede mejorar su situación penitenciaria con vistas al acercamiento. Lo mismo ocurre con otros colectivos como el de los deportados, que ven cómo se puede abrir una nueva vía para su regreso a Euskadi si el ambiente político sigue despejándose.
Precisamente, el desarme del que se cumple hoy un año fue clave para la desaparición de ETA. La entrega de las armas, puestas en manos de las autoridades francesas a través de intermediarios civiles que se hicieron con las geolocalizaciones de los zulos, era una «condición necesaria» para que la banda pudiera abrir esta fase final.
ETA aspiraba a haber culminado el desarme mucho antes, tras el cese de la violencia en 2011 y convencida de que el compromiso del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para dialogar en el espacio habilitado en Noruega era un «compromiso de Estado». Pero la negativa del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que llegó al poder un mes después de aquel anuncio de ETA, forzó a la banda y a la izquierda abertzale a avanzar por la senda de la unilateralidad. Un proceso de desarme más costoso y largo del que preveían, pero que al menos acabó de forma «ordenada», destacan las fuentes consultadas, que remarcan la aquiescencia que mostró el Gobierno francés y el hecho de que España no obstaculizara la entrega de armas. El respaldo transversal de los partidos del País Vasco francés ayudó además a articular una nueva estrategia para favorecer el acercamiento de los presos en Francia.
Ahora, un año después, ETA afronta su tercer y definitivo hito con su desaparición. La clave residirá en la terminología que se emplee para ello, que se producirá dentro del estándar internacional de la DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración). La banda aborda ahora la segunda 'D', la de la «desmovilización» de la sigla. Está descartada la utilización del término «disolución» que exige el Gobierno español y las víctimas del terrorismo, pero sí que prevé utilizar una formulación contundente. Sobre todo porque un objetivo clave es lograr que la sociedad vasca, a través del Gobierno Vasco, el de Navarra y la Mancomunidad de Iparralde, den por buena su desaparición. El ejemplo a seguir es el del pasado año, cuando el Ejecutivo de Urkullu reconoció el proceso de desarme, más allá de que hubiera divergencias con el presidente de la Mancomunidad de Iparralde, Jean-René Etchegaray, y los intermediarios civiles vascofranceses de la entrega de armas. De hecho, Urkullu declinó su asistencia al acto de Baiona, aunque ese mismo día recibiría en San Sebastián al verificador internacional Ram Manikkalingam.
Al mismo tiempo, la banda busca un respaldo internacional, probablemente de carácter más técnico y a través de los mediadores internacionales que siguen trabajando en el caso vasco, como el Grupo Internacional de Contacto de Brian Currin. En el modelo DDR, se habla de una desaparición basada en el «desmantelamiento de todas las estructuras militares, la transparencia, garantizar la seguridad de la ciudadanía» y la «cobertura internacional». En este punto se enmarcaría la necesidad de buscar el aval extranjero. La prioridad, no obstante, no es la llegada a Euskadi de figuras políticas relevantes, como sucedió en la declaración de Aiete de 2011 con el exsecretario general de la ONU Koffi Annan, sino más bien lograr una cobertura técnica a través de los mediadores.
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