PNV y EH Bildu pactan incluir la nacionalidad vasca en el nuevo Estatuto

Sin sorpresas. PNV y EH Bildu han vuelto a hacer este miércoles tándem y, como estaba previsto, han pactado incluir la nacionalidad vasca en el título preliminar del nuevo Estatuto vasco. Un escenario que, como estaba previsto, ha levantado los recelos del resto de grupos parlamentarios, que consideran que las bases del futuro hipotético estatus «rebasan la legalidad» constitucional.

La ponencia de autogobierno ha vuelto a reunirse y, lejos de apaciguar las aguas, ambas fuerzas abertzales han tensado aún más las cuerdas sobre cómo abordar la reforma estatutaria, una vez que PNV y EH Bildu aunaran de nuevo fuerzas para otorgar de manera oficial la nacionalidad vasca. Este texto recoge igualmente la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía. Dos conceptos recogidos en el título preliminar que ya levantaron ampollas la semana pasada entre el PSE -socio de Gobierno del PNV-, Podemos y PP tras la presentación de las bases. La formación morada ha emitido este miércoles un voto particular (ya lo hizo también en la presentación del Preámbulo del nuevo Estatus), mientras que PSE y PP han rechazado el documento.

El texto propone así que en el nuevo estatus serán ciudadanos vascos las personas que «vivan en el sujeto político con independencia se cuál sea su procedencia o nacionalidad», reconocimiento que les permitiría «el acceso a los servicios públicos». Apenas unas líneas después, se matiza que se reconocerá la nacionalidad vasca «a la ciudadanía vasca en los términos regulados por Ley» -es decir, aprobada por el Parlamento Vasco- teniendo en cuenta el «carácter plurinacional del Estado español y el nuevo modelo de relación» que se quiere fijar entre la «nación» vasca y España.

La propuesta también recoge que las instituciones vascas tendrán la potestad para regular y gestionar consultas y referendos para determinar sus relaciones con el Estado, con otros países, y «con otros territorios de Euskal Herria». El sujeto político jurídico integrado por los tres territorios estará vinculado al Estado por una relación «singular, bilateral y de naturaleza confederal en el marco constitucional», que será de «respeto mutuo y no de subordinación» y estará sustentada en el «acuerdo y en el pacto que blindará el autogobierno vasco».

Precisa que este blindaje debe articularse con la inclusión de una fórmula de resolución de conflictos competenciales. Además, sostiene que «deben eliminarse» mecanismos de suspensión unilateral de normas por parte del Estado y los dirigidos a la intervención de la autonomía, recogidos en el artículo 155 de la Constitución española.

Vitoria sería la capital política e institucional y continuaría siendo la sede del Parlamento y del Gobierno Vasco, y el euskera y el castellano permanecerían como lenguas oficiales, aunque la primera tendría el reconocimiento de «lengua propia».